La Asociación de Jubilados del Ayuntamiento de Sevilla (AJAS), que aglutina a más de la mitad de los 700 ex trabajadores municipales, ha vuelto a cuestionar la legalidad del premio que percibe actualmente la delegada de Hacienda y Personal, Asunción Fley, y la "discriminación" que a su juicio supone con respecto a los 200 jubilados que han dejado de percibirlo o han visto cómo se reduce su cuantía de manera importante.

La junta directiva de la asociación remitió ayer un comunicado a este periódico en el que pone de manifiesto que "nadie discute el derecho" de la delegada a recibir el premio, toda vez que ha superado el período de 25 años de servicio activo como funcionaria y en su momento le fue concedido. "Lo que sí cuestionamos es que, al estar en situación de servicios especiales por acceder a un cargo público, pueda cobrarlo", añaden los jubilados que explican que Fley recuperaría el derecho a percibirlo una vez que cese en el cargo y se incorpore a su puesto de trabajo como funcionaria. Para defender esta postura, la AJAS se remite al artículo 872 del estatuto básico del empleado público, que señala lo siguiente: "Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionario de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento".

La norma "no ofrece lugar a dudas", porque excluye cualquier concepto remunerativo que forme parte de la retribución del puesto que ocupaba con anterioridad, y entre ellos estaría el premio extraordinario. La asociación insiste en que Fley no pierde su derecho al premio, sólo "queda suspendido durante el tiempo que permanezca en dicho cargo y ello por imperativo legal que no puede contravenir un Pleno municipal", en referencia al acuerdo de julio de 2011 que aprobó una percepción complementaria para los funcionarios que nombrados para estos cargos.

Ante estas críticas, el Ayuntamiento explicó recientemente que Asunción Fley percibe un 30% menos de salario desde que accedió al cargo en Hacienda y lamentaron que se estaban mezclando en este caso dos temas que no tenían nada que ver: el premio a los jubilados y el acuerdo del Pleno de julio de 2011. Para los jubilados, sería "clarificador que el Ayuntamiento no hablara de porcentajes y publicara qué cobra actualmente la delegada y qué cantidad ha dejado de percibir, algo que en cualquier caso no responde a un gesto generoso, sino obligado por ley", porque a los cargos "se accede voluntariamente y la pérdida de ingresos suele ocurrir, lo que no es lícito es buscar una compensación por una vía que no es legal", concluyeron.