Expertos en bioética piden reformar la ley del aborto por "desfasada"

  • El Observatorio de Bioética y Derecho plantea un registro de médicos objetores

El Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) de la Universidad de Barcelona ha presentado una propuesta de reforma de la ley del aborto que lo despenaliza, tiene en cuenta los aspectos socioeconómicos de las gestantes, y lo trata como un acto sanitario más para la sanidad pública.

Según ha señalado María Casado, titular de la cátedra Unesco de la Universidad de Barcelona y directora de este organismo, la norma "está desfasada". Casado ha señalado que se quieren adecuar la legislación a la realidad, que las condiciones para poder abortar sean claras y accesibles, que se garantice la seguridad jurídica, se respete la autonomía de las mujeres y su capacidad de decidir, y se facilite el acceso a la población con menos recursos.

En esta propuesta de reforma, que tiene 44 firmantes, se quiere establecer un sistema de protección gradual del feto en función de su viabilidad. El texto propone que durante las 14 primeras semanas de gestación sea la mujer la que decida libremente si interrumpir o no el embarazo, plazo se pueda alargar hasta las 22 semanas si las condiciones socioeconómicas de las gestantes son desfavorables. No habrá plazos en los casos de peligro grave para la salud de la madre, malformaciones del feto o riesgo de secuelas para el mismo por enfermedad materna. Desde el OBD se considera necesario que haya una comisión externa que valore estos supuestos y que emita un dictamen en el plazo de quince días, entendiéndose el silencio administrativo como una contestación afirmativa.

En los casos de violación, el OBD propone que se permita la administración de la píldora del día después si lo quiere la mujer, y si ha pasado el tiempo de eficacia del fármaco sea ella misma la que decida libremente el aborto en las primeras 14 semanas.

Cuando las embarazadas sean menores, se propone que entre 16 y 18 años sea la mujer la que decida lo que quiere hacer, sin que los padres o tutores manden, y que de los 12 a 16 sea la menor la que tome la decisión, pero de acuerdo con sus progenitores o tutores. En caso de desacuerdo, deberá haber un mediador que intente alcanzar el consenso.

El texto del Observatorio pide también que la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no suponga un perjuicio para la paciente, y que sólo se admita cuando la inhibición médica no limite la atención sanitaria obligatoria.

Desde este organismo se reclama además un registro de objetores de conciencia para saber quién puede estar disponible en los servicios para programar la atención, ya que el aborto, que según Casado es una decisión trágica en la que todos los caminos son trágicos, debe considerase un acto sanitario como otro cualquiera que deba atenderse.

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