Imaginación y consenso, tablas de salvación de la Ley de Dependencia

  • Una investigadora, que ha estudiado la ley desde su germen, asegura que a punto de cumplirse cinco años de la aplicación, las CCAA han de participar en un consenso junto al Gobierno central y los agentes sociales para mejorar su coordinación.

La investigadora Margarita León cree que la Ley de Dependencia es un gran desafío que va a necesitar "mucha imaginación y consenso" para evitar caer en vía muerta, porque alerta del envejecimiento de los cuidadores, que hasta ahora la están sosteniendo, y de la ausencia de una red de servicios.

En una entrevista con Efe, la experta del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona explica que uno de los problemas de la Ley es que "fue muy ambiciosa y no se midió bien la realidad en la que tenía que operar", como que las competencias de los servicios sociales estaban trasferidas a las comunidades autónomas.

"Se ha utilizado la Ley como herramienta de control político al gobierno central y ha sido un problema fundamentalmente en las comunidades donde no gobernaba el PSOE", explica la investigadora, quien opina que el nuevo escenario político "puede favorecer el dialogo" entre administraciones para intentar simplificar en ámbitos donde hay desdoblamiento de competencias.

A punto de cumplirse cinco años de la aplicación de la ley, la experta, que ha realizado un análisis desde que se germinó la idea hasta la actualidad, considera que las CCAA tienen que decir cómo ven la Ley y cómo quieren implantarla, y participar en un consenso junto al Gobierno central y los agentes sociales para mejorar la coordinación. "Sin el consenso político necesario, la ley se va a quedar en punto muerto", expone la investigadora, quien reclama una actuación a largo plazo.

"Hay que identificar el problema, que esta ahí y que se a va agravar con el tiempo: somos una población envejecida y las perspectivas de envejecimiento indican que la población dependiente va a aumentar de forma significativa y, además, las personas que están cuidando de los dependientes son una generación que de aquí a unos años no va a estar", advierte. Considera que se están dando mayoritariamente prestaciones económicas a las familias "porque sale más barato", aunque -opina- se trata de "un parche y no de una solución a los cuidados de larga duración".

La investigadora plantea que las familias eligen la opción de percibir una ayuda económica por la deficiencia de los servicios "que le dan una solución muy parcial al problema". "En nuestro país, tenemos muy pocos servicios, son muy caros y se adaptan muy poco a las necesidades de las personas. Tenemos un Estado de bienestar que no está suficientemente consolidado y no sé si lo estará algún día para prestar servicios sociales universales de este nivel".

Para León, hay que hacer un planteamiento del coste de una financiación sostenible a largo plazo, acompañado de una voluntad política de querer aplicarla y de buscar opciones imaginativas. "No es un problema que pueda esperar, ni que vaya a desaparecer el envejecimiento de la población; el cuidado de los dependientes no puede ser asumido por las familias, ya hay situaciones de vulnerabilidad extremas", afirma.

Tras el análisis de la aplicación de la ley, lanza algunas propuestas, como la de tener una fiscalidad que le dé más capacidades al Estado, un sistema impositivo que consiga que los que tienen más aporten más y mayor control del fraude fiscal. "Tenemos poca presión fiscal, mucho fraude fiscal y mucha economía sumergida", señala la experta, quien también plantea un mayor control de las prestaciones económicas.

La investigadora recuerda que la Ley de Dependencia recoge derechos equiparables a la educación y la sanidad y por tanto igualmente exigibles. "Como es un derecho que no existía, la opinión pública presiona poco para exigirlo; la respuesta inmediata es el esfuerzo de la familia, mientras que en otros países se exigen las responsabilidades a los poderes públicos", concluye.

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