Dos cargos del Servicio Gallego de Salud, investigados por el retrasar fármacos de la hepatitis C

  • La Fiscalía les atribuye también un delito de "homicidio por imprudencia profesional grave". El PSOE urge a Feijóo a comparecer por "poner precio a la vida" de estos enfermos y a que cese los cargos investigados.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha citado a declarar en calidad de investigados a dos altos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con el retraso del suministro de fármacos a pacientes afectados de hepatitis C, algunos de los cuales habrían fallecido sin recibirlos. 

Fuentes conocedoras de la decisión judicial han ratificado que el juez Andrés Lago Louro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, ha citado a declarar para el 28 de abril al actual gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado. 

El juez ha decidido por el momento abrir diligencias solo por el delito de prevaricación administrativa, aunque, según adelanta 'eldiario.es' y han asegurado las fuentes consultadas, la Fiscalía les atribuía también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias". 

Tras la decisión del juez de abrir diligencias, ésta se convierte en la primera causa penal que se abre en España contra una Administración pública -en este caso el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo- en relación a la prescripción de medicamentos para pacientes con hepatitis C, si bien las denuncias de afectados habían sido reiteradas. 

En Galicia, la Plataforma gallega de Afectados por la Hepatitis C ha demandado "responsabilidades políticas y penales" al Gobierno gallego, con especial intensidad a Rocío Mosquera, quien estaba al frente del departamento de Sanidade en el punto álgido del conflicto y a quien ha relevado al frente de la Consellería Jesús Vázquez Almuiña.

Denuncia de batas blancas

De hecho, el caso parte de una denuncia presentada en marzo de 2015 por el colectivo Batas Blancas ante la Fiscalía, en la que se vinculaba la muerte de varios pacientes con hepatitis C con tratamiento reconocido a las "trabas burocráticas" impuestas por el Sergas para acceder a la medicación, hasta que se aprobó el plan estratégico estatal y se autorizaron los neuvos tratamientos. 

La asociación indicaba que al menos tres casos tuvieron que esperar hasta ocho meses para recibir el tratamiento, aún cumpliendo los requisitos, por la exigencia de que fuese autorizado por la Comisión Atuonómica y Central de Farmacia y Terapéutica, lo que consideran "una traba burocrática" que "retrasó" la administración. 

Tras recibir esta denuncia, la Fiscalía inició un proceso de investigación y practicó varias diligencias hasta que, el pasado 29 de diciembre, decidió formular una denuncia ante los juzgados de Santiago por este caso. 

Una vez analizada la documentación, el juzgado ha decidido abrir diligencias y citar a los dos altos cargos del Sergas.

Razones "presupuestarias"

Aunque los casos que mencionaban inicialmente los médicos eran tres, las fuentes consultadas aseguran que, en su escrito, la Fiscalía tiene en consideración "más de seis casos". 

El digital 'eldiario.es', que se hace eco del escrito de la Fiscalía, señala que éste concluye no solo que los dos altos cargos del Sergas retrasaron "las peticiones y suministro de Sofosbuvir (el nombre técnico de Sovaldi) posponiendo la toma de decisiones", sino que "las razones" para hacerlo fueron "de tipo presupuestario del Sergas y no de contenido médico o clínico". 

La Fiscalía también habría solicitado que varios médicos que trataron a los pacientes declaren como peritos. Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado, además, que el juez ha permitido que en el caso, en fase de instrucción, se persone la Plataforma gallega de Afectados por la Hepatitis C. 

El PSOE exige responsabilidades a Feijóo

La presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, urge la comparecencia del presidente de la Xunta para que dé explicaciones en la Cámara y ha demandado que cesen los dos cargos del Sergas investigados por el supuesto retraso en la administración de fármacos a pacientes de hepatitis C. 

"Estamos ante un hecho sin precedentes y tremendamente urgente que exige responsabilidades políticas. El PP, el Gobierno de Galicia le puso precio a la vida de la gente", ha sentenciado Cancela, quien ha comparecido ante los medios acompañada por el coordinador de la sectorial de Sanidade de los socialistas gallegos, Paco Reyes, y la portavoz de Sanidade en el Parlamento, Carmen Acuña. 

Cancela ha remarcado que la Fiscalía "acusa al Gobierno de la Xunta de homicidio imprudente" y ha censurado que Feijóo "tenga fama de buen gestor" y que "presuma de las cifras de déficit mientras la gente muere". 

Ante la previsión de que el PP acuse a la oposición de intentar "sacar rentabilidad política" de este caso, la dirigente socialista ha reivindicado que es "obligación" de la oposición "exigir responsabilidades", toda vez que "seis personas perdieron la vida y un gobierno responsable y con alma tiene que atender a los colectivos necesitados". 

Cancela ha añadido que el PSOE ya demandó en el Congreso que estos tratamientos "no cuenten como déficit", ya que "la prestación de los servicios públicos tiene que ser prioritaria".

"Los recortes matan" 

Por su parte, Paco Reyes ha afirmado que el Gobierno gallego "ya estaba avisado" de la situación y ha aludido a una sentencia del TSXG del año 2013 que recoge que "la administración sanitaria no puede prescindir del criterio médico". 

"La Justicia dice que recurrir al ahorro en este caso puede ser un desvío de poder, estamos ante un ejemplo de que los recortes matan", ha explicado. A su vez, Carmen Acuña ha constatado la "amargura que uno siente cuando sabe que tenía razón". "La Xunta no atendió el protocolo y votó en contra en la Cámara de varias iniciativas para demandar el tratamiento, mientras gasta el dinero en privatizar la sanidad", ha lamentado. 

Por último, ha manifestado su deseo de que esta situación sirva para que Feijóo "reaccione" y le proporcione "el tratamiento a la población reclusa de las cárceles gallegas". 

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