tomares

Archivan la denuncia contra el edil del PA por exigir a sus asesores pagos al partido

  • El juez concluye que eran aportaciones voluntarias, en contra de lo que mantuvo un colaborador durante su etapa en el gobierno

Alberto Mercado. Alberto Mercado.

Alberto Mercado. / josé ángel garcía

El juzgado de instrucción número 8 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el concejal del PA en Tomares Alberto Mercado, tras la denuncia de un antiguo asesor, que luego pasó a serlo del PP, por haberle obligado -según mantenía- a traspasar dinero de su nómina del Ayuntamiento al grupo municipal andalucista entre 2007 y 2010, cuando Mercado era socio del gobierno del PP en el Ayuntamiento y delegado de Cultura, Juventud y Deportes.

En un auto con fecha del 19 de febrero, el juez hace suyo el criterio del fiscal, que inicialmente sí pidió que se investigara la denuncia, y considera que, aunque efectivamente el denunciante traspasó a una cuenta del PA hasta 200 euros al mes -el 18% de lo que cobraba- durante esos años, eran aportaciones "voluntarias", como señaló en su declaración un afiliado del PA, que entre 2007 y 2011 también trabajó como auxiliar administrativo en el Consistorio. Igualmente, se tomó declaración a un tercer testigo, que aseguró que nunca se le requirió cantidad alguna.

Por su parte, Mercado defendió, como investigado por un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, que esas aportaciones eran de carácter voluntario y que la mujer del denunciante fue la secretaria local de administración y finanzas del partido entre 2005 y 2010 y conocía perfectamente el sistema de aportaciones voluntarias. Ésta antigua afiliada fue la que declaró para respaldar la denuncia del asesor, asegurando que Mercado sometía a su marido a "acoso", pidiéndole cada vez más dinero, de forma insiste y déspota.

En el escrito del fiscal, se recuerda que el denunciante dejó de abonar esas aportaciones en julio de 2010 pero siguió trabajando hasta 2011 en el mismo puesto y que a ello se unen las "versiones contradictorias". Por todo ello, cree que no ha quedado acreditado que el denunciante "fuera coaccionado o extorsionado para realizar las aportaciones, por lo que no encontramos base suficiente para formular acusaciones por estos delitos que hubiera atentado contra su libertad y patrimonio". En la misma línea, el juez archiva el caso, cuya instrucción arrancó hace ya más de un año (en noviembre de 2016), porque no se han acreditado indicios suficientes.

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