Los ayuntamientos más directamente afectados por el brote del virus del Nilo Occidental que se dio en 2020 en Sevilla han vuelto a protestar porque la Junta les atribuya un papel determinante en el plan para hacer frente a una situación que puede repetirse: hay un comité que intercambiará información y actualizará un mapa de riesgos, pero sobre el terreno serán los municipios (contratando a una empresa, mancomunando el servicio, pidiendo apoyo de la Diputación...), los que deban vigilar y mantener a raya las poblaciones de mosquitos y controlar las zonas húmedas en las que se crían larvas, incluso si están en fincas privadas o en la enorme extensión de arrozales. Entra dentro de las competencias municipales de control de plagas, según insiste la Junta esgrimiendo informes jurídicos.

Mientras que se resuelve la controversia y quién asume el coste que tendrá todo, puestos a ser efectivos, ya hay una referencia cercana de cómo distintas administraciones pueden articular ese control, que tendrá que incorporarse de una forma u otra, como un servicio más, en muchos territorios de Sevilla. Porque las condiciones ambientales y climáticas apuntan a que las enfermedades transmitidas por picaduras de mosquitos irán al alza y el único arma es la prevención. Se trata del Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva, una referencia desde hace años a nivel nacional e internacional y al que la propia administración autonómica pone de ejemplo.

Cuando saltó el brote del virus del Nilo Occidental en Sevilla, sus expertos ya asesoraron a la Junta sobre los tratamientos adecuados en zonas verdes urbanas y la necesidad de actuar en el entorno de los pueblos con tratamientos adecuados a la evolución de las larvas. También forman parte del grupo de expertos que se ha creado ante un problema que no entiende de límites territoriales.

El servicio no es nuevo. Nació en 1987, por la necesidad de reducir las plagas de mosquitos en muchos municipios de la costa y la marismas onubenses, que muchos vecinos de Sevilla conocen bien, que perjudicaban a la calidad de vida y eran un freno para el turismo.

En los últimos años ha contado con un presupuesto de algo más de 2,5 millones de euros, que se financian en un 80% por la Diputación onubense y en un 20% por los 12 ayuntamientos integrados: Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Gibraleón, Punta Umbría, Aljaraque, Palos de la Frontera, Moguer, San Juan del Puerto, Almonte y la propia capital.

Al margen de eso, atiende a cualquier municipio onubense que lo requiere, en todo lo relacionado con las plagas de mosquitos: asesorando a técnicos municipales, realizando diagnósticos o evaluando tratamientos. También se ha prestado ayuda y asesoramiento a administraciones fuera de esa provincia. Las formas con las que se financian estos trabajos varían, pero suelen hacerse mediante acuerdos de colaboración, encomienda de gestión o convenios, en los que se fija la compensación.

Cuenta con algo más de 2,5 millones de presupuesto que financian la Diputación (80%) y 12 municipios

Está en marcha todo el año. Desarrolla trabajos de investigación y mantiene un programa de seguimiento de las poblaciones de mosquitos, con 16 estaciones de muestreo a lo largo del litoral onubense para evaluar el estado de la plagas, programar las medidas de control y evaluar su resultado.

Desde 2013 realiza también restauraciones hídricas, para recuperar la red natural de drenaje de algunas áreas de marisma, evitar el estancamiento y el ambiente más propicio para las larvas. En 2017, ya elaboró una guía de buenas prácticas en hoteles para la prevención de focos de mosquitos en sus instalaciones. También realiza una labor divulgativa importante. Además, colabora con estudios científicos y participa en congresos y reuniones científicas del temática entomológica.

Aunque el periodo de máximo trabajo, cuando se llevan a cabo el grueso de los tratamientos y fumigaciones sobre el terreno, se concentra entre el 1 de marzo y el 31 de octubre, siempre según un proyecto anual de control y actuando con un control "integrado", intentando eliminar primero las causas que generan la proliferación de plagas en medios no naturales o silvestres, como norma de actuación prioritaria respecto al uso de químicos.

Abarca unas 140.000 hectáreas: 16.000 de marisma real (de las que, por las mareas y otros factores topográficos y biológicos, unas 4.600 pueden albergar poblaciones larvarias de mosquitos) y otras 114.000 de medio urbano y rural, donde se ubican 25 núcleos de población. Dado que tienen diferentes características, se han ido desarrollando distintas estrategias según las particularidades.

Las 4.600 hectáreas de marismas que generan focos de mosquitos están divididas en 94 parcelas, que se tratan dos veces al año durante cinco días consecutivos con tratamiento larvicida. Las áreas de medio urbano y rural, están divididas a su vez en 17 zonas y, en este caso, los tratamientos depende de la población de mosquitos adultos que se van detectando.

Dado que no se trata de un operativo de choque, sino permanente, cuenta con un importante equipo: 41 oficiales aplicadores de tratamientos, al frente de los cuales hay cinco capataces; un técnico de laboratorio, un biólogo jefe de programación y desarrollo, un biólogo jefe de investigación, un director del servicio y un auxiliar administrativo, además de otros operarios que se contratan para intensificar las labores de verano. Entre los medios técnicos de los que disponen, hay vehículos aéreos, terrestres y embarcaciones equipadas con motor fueraborda.

Su bagaje y experiencia no garantizan que los mosquitos y los virus no lleguen a Huelva, pero sí que no haya que ir improvisando si surge el brote o contratando por la vía de urgencia la mano de obra experta.