La juez Bolaños impone su criterio al anular un auto de Alaya sobre los cursos

La primera decisión polémica en la nueva situación del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La nueva titular, María Núñez Bolaños, ha anulado un auto de la juez Mercedes Alaya que ésta había dictado con fecha del pasado lunes en el que reclamaba más documentos sobre el entramado de empresas vinculadas al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda que se beneficiaron de las subvenciones para actividades formativas.

La juez María Núñez ha dictado una providencia, que tiene fecha del pasado miércoles, en la que acuerda dejar "sin efecto" el auto del 15 de junio dictado por Mercedes Alaya y, en su lugar, ordena librar un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que esta unidad que colabora desde hace años en las investigaciones de este juzgado remita un "informe sobre el estado en el que se encuentren las diferentes líneas de investigación marcadas en el atestado 297/14 y remitan un cronograma de los diferentes informes".

Se trata de la primera decisión en la que la juez Núñez Bolaños, como nueva titular del juzgado y, por tanto, juez natural predeterminada por la ley, impone su criterio sobre Mercedes Alaya, que cesó el pasado martes, como titular, un día después de dictar este auto sobre los cursos de formación que aún no había sido notificado a las partes personadas en esta macrocausa.

El auto tiene la misma fecha que otro también dictado por Mercedes Alaya en el que esta misma semana decidió imputar, por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, a los ex consejeros de Empleo y Economía Manuel Recio y Antonio Ávila, respectivamente, además de ampliar la imputación al ex consejero de Empleo Antonio Fernández -que fue el primer imputado en la macrocausa de los cursos de formación- y a los ex directores gerentes del SAE desde 2008 a 2012 Antonio Toro Barba, Alejandra Rueda Cruz y Pedro Eugenio Gracia.

En esa resolución, la juez Mercedes Alaya cargaba contra estos ex altos cargos de la Administración, al asegurar que "los responsables políticos de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo han concebido indiciariamente la formación como una vía a la que destinar sumas ingentes de fondos públicos para favorecer a las entidades que se dedican a la misma, generando una actividad económica que se sustentaba exclusivamente en las subvenciones".