El Consejo Consultivo avala dividido el recurso contra las grandes fortunas

El Gobierno andaluz ha aprobado este martes el anunciado recurso contra el nuevo impuesto de las grandes fortunas ante el Tribunal Constitucional. Lo ha hecho después de recibir el aval del Consejo Consultivo, aunque esté organismo se ha dividido en dos en la valoración del dictamen. Ha sido necesario que su presidenta, María Jesús Gallardo, hiciese uso de su voto de calidad para romper el empate a favor del recurso del Gobierno andaluz.

El impuesto a las grandes fortunas fue una respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas que estaban bonificando el impuesto de Patrimonio. A mediados de septiembre, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció en un Foro Joly la supresión de este impuesto de gestión autonómica, que en el caso de Andalucía debía declararse a partir de patrimonios de 700.000 euros, excluida el valor de la vivienda habitual, entre otros bienes.

Ante esto, el Gobierno central aprobó un nuevo impuesto, llamado de solidaridad, para hacer tributar a los beneficiados en comunidades como Andalucía y Madrid. En los territorios donde se sigue pagando el de patrimonio, éste sirve para deducirlo de la nueva figura estatal.

El Gobierno andaluz anunció hace meses que presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que se estaba violando sus competencias. Pero era necesario el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, imprescindible, pero no vinculante. Su discusión ha provocado un fuerte debate en este organismo. Una de sus vocales, Begoña Álvarez, que fue consejera de Justicia con José Antonio Griñán, ha presentado un voto particular. Entre quienes ha secundado la oposición también se encuentra el ex presidente Rafael Escuredo, aunque otra ex consejera socialista, María del Mar Moreno -lo fue de Presidencia-, ha votado a favor.

El Consultivo, dividido

Este choque entre vocales del Consejo Consultivo hace pensar que el Gobierno andaluz lleve a cabo la renovación de este organismo. Los consejeros electivos se renuevan cada cinco años, por lo que se pueden cambiar este año. Se puede hacer mediante un acuerdo con la oposición o, directamente, por decisión del Ejecutivo, que fue lo que hizo la ex presidenta Susana Díaz cuando le tocó el turno.

Los argumentos del Gobierno andaluz para oponerse al denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas son tres: la invasión de competencias autonómicas; la vulneración del artículo 23 de la Constitución debido al irregular procedimiento por el que se ha aprobado el nuevo impuesto, mediante la incorporación de una enmienda durante la tramitación de una ley para la creación de otros dos impuestos, y la vulneración del principio de seguridad jurídica.

El Gobierno andaluz considera que el nuevo impuesto supone un ataque directo contra la autonomía financiera de las comunidades autónomas y, en particular, contra la autonomía financiera de Andalucía. El efecto práctico del impuesto será evitar la aplicación de las bonificaciones autonómicas en el IP en las comunidades de Madrid (100% de bonificación), Andalucía (100%) y Galicia (25% en 2022, 50% en 2023) para patrimonios netos de más de tres millones de euros.

En el recurso, el Gobierno andaluz solicita la suspensión cautelar del cobro del impuesto mientras no se pronuncie sobre el fondo de la norma.

Más recaudación

La tesis del Gobierno andaluz es que la bajada de impuestos termina por aumentar la recaudación, ya que aflora parte de la economía sumergida o hay cambios de domiciliación a favor de las comunidades con menor presión fiscal. El Gobierno andaluz ha hecho público, también este martes, que la recaudación en el último cuatrienio, de 2019 a 2022, ha aumentado un 12,7% respecto al tramo 2015-2018. Son 7.775 millones de euros más, a pesar de la rebaja que el PP ha practicado en todos los impuestos de gestión autonómica.

El impuesto que más ha aportado a este incremento es el IRPF, en el que la Junta tiene un 50%. Han sido 4.468 millones de euros más en el último cuatrienio. Sí se ha hundido la recaudación de Sucesiones y Donaciones, porque está bonificado casi en su totalidad. Pero el Gobierno andaluz sostiene que, por cada euro que pierde con la bonificación, gana 10 a través del IRPF.

El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se han incrementado un 18,73% y un 13,92%. En 2022 se ha alcanzado la cifra de recaudación más alta de este tipo desde 2007, justo antes de la crisis inmobiliaria.