La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha dicho sobre la segunda expropiación autorizada de una vivienda en Andalucía que la Junta hace "justicia social, no caridad", y ha asegurado que no habrá "tregua" contra los desahucios porque la vivienda es "el último colchón para no caer en el abismo". Cortés ha hecho esta reflexión en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que ha autorizado la expropiación temporal del uso de un inmueble de Torremolinos (Málaga) para evitar el desalojo de una pareja desempleada con cuatro hijos menores a su cargo, que no percibe ninguna prestación.

De acuerdo con la Ley de la Función Social de la Vivienda, el uso de dicho inmueble será expropiado por tres años a su entidad titular, el Banco Español de Crédito, lo que evitará el desahucio de la citada familia. "Es un caso elocuente", ha enfatizado la consejera tras explicar la situación de la familia afectada, que se quedó sin empleo tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. "La ley es contundente, está del lado de las clases trabajadoras", ha sentenciado Cortés, que ha comparado la situación de Andalucía con la del resto de España, donde se sigue "viendo a la policía desalojando familias de sus casas como si fuera un problema de orden público, en vez de un problema social", ha lamentado.

Se ha congratulado, en este sentido, de que en Andalucía se haya conseguido "desterrar" esas imágenes, gracias a los movimientos ciudadanos en defensa de la vivienda "y a la actuación del Gobierno andaluz", ha dicho. La consejera ha defendido las expropiaciones de vivienda "del mismo modo que se declaran de utilidad pública terrenos para construir carreteras". "Establecemos la utilidad pública de esta expropiación porque la familia se encuentra en riesgo de exclusión social y la vivienda constituye su último factor de sostenibilidad", ha argumentado la consejera tras recordar que el derecho a la vivienda está "consagrado" en la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Es la segunda expropiación temporal autorizada por el Consejo de Gobierno de los 35 expedientes publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), aunque la consejera ha detallado que en las delegaciones provinciales de su departamento están en estudio un centenar de expedientes.