Empleo defiende la legalidad de la ayuda concedida a Industrias Elizana

La Junta de Andalucía avaló ayer la actuación del actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, después de que el alto cargo asumiera una presunta irregularidad en una grabación privada de una conversación que mantuvo con la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa y en la que Rivera admitió que le había dado "alguna cosa" a Industrias Elizana.

La oficina del portavoz de la Junta aseguró ayer en un comunicado que desconoce si la grabación está "manipulada, alterada o fraccionada para sacar de contexto su contenido" y, en cualquier caso, defiende la legalidad de la ayuda de 700.000 euros concedida por Daniel Alberto Rivera a esta empresa de muebles ubicada en Lucena (Córdoba). La Junta precisa que en este expediente hay una solicitud de ayuda "debidamente justificada", así como planes de viabilidad y de negocio para los años en los que se iba a recibir la ayuda. También estaba justificada la situación de crisis que afectaba al sector del mueble, se aportaron las nóminas de los 60 puestos que trabajo que la ayuda iba a permitir mantener, y existe justificación posterior -en mayo y julio de 2011- del mantenimiento de los empleos.

La empresa subvencionada aportó las correspondientes auditorías y justificaciones de pago de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. A pesar de todos estos controles, la Junta sostiene que el propio director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, incluyó esta ayuda dentro de las comprobaciones que se están realizando en la revisión de oficio de las distintas ayudas a empresas.

Además de defender la actuación de Rivera en el expediente de Industrias Elizana, la Junta reiteró su confianza en este alto cargo, que está imputado en la investigación que realiza la juez Mercedes Alaya y de quien la Junta afirma que está "pilotando el proceso administrativo abierto para que todo el que haya percibido indebidamente dinero público lo reintegre".

La Oficina del Portavoz explica que si a fecha de hoy hay abierto un proceso de reintegro de todas las cantidades cobradas indebidamente, con cargo al erario público, en pólizas de renta que se han considerado irregulares y en ayudas a empresas, es "gracias a la labor desarrollada por Daniel Rivera", de quien la Junta también afirma que la labor que ha desempeñado es lo que ha permitido que "la investigación abierta por el juzgado esté en una fase muy avanzada".

Daniel Alberto Rivera es el responsable, continúa la Administración autonómica, de que "en poco más de un año se haya revisado el procedimiento de concesión de ayudas, y mejorado la tramitación administrativa y el control de la aplicación de los recursos públicos". La Junta también sitúa a Rivera como el artífice de que se abriese la investigación que fructificó en la "detección de intrusos e irregulares en las ayudas a trabajadores afectados por procesos de ajuste laboral, y de que se enviase a la Justicia más de 200.000 folios para que no sólo profundizase, sino que abriese nuevas líneas de investigación".