Empresarios turísticos y constructores critican a la Junta por alargar los trámites urbanísticos

La decisión de la Junta de Andalucía de modificar la Ley de Aguas con el objetivo de que los informes sectoriales que ha de emitir la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ante cualquier planeamiento urbanístico pase a ser negativo en el supuesto de que se supere el plazo de tres meses del que dispone choca de forma radical con el compromiso de la presidenta andaluza, Susana Díaz, de agilizar los trámites en esta materia. Así al menos lo entienden los empresarios vinculados al sector de la construcción y los propios ayuntamientos.

Frente a lo que anunció Díaz a finales del pasado mes de enero, cuando habló de la aprobación de un decreto para "facilitar a los ayuntamientos reducir los plazos de tramitación de los planeamientos urbanísticos", el contenido real de la citada medida apunta a todo lo contrario.

El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, manifestó que el decreto "es todo lo contrario a lo dicho por la presidenta de la Junta y que todo el mundo aplaudió". "Un cambio de la ley de aguas supone un retroceso importante; ya me dirán si es que un funcionario no tiene tiempo para informar sobre un cambio urbanístico en tres meses", criticó.

En esta misma línea se pronunció ayer la secretaria genera de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) en Málaga, Violeta Aragón. "Que el informe de la Junta en materia de aguas pase de ser considerado positivo a negativo supondrá un retroceso y eso es lo que menos nos interesa teniendo en cuenta la situación en la que está el sector", comentó. Si bien no quiso hablar de paralización, sí admitió que "no ayuda a reactivar el sector; todo lo que sean trabas administrativas no ayuda".