Comisión bilateral

El Gobierno cita a la Junta en abril para matizar la Ley de Igualdad

  • El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera inconstitucionales las últimas tres normas aprobadas en la anterior legislatura

  • El plazo para recurrir las leyes expirará el próximo mes de julio

La Cámara, durante el Pleno en que se aprobaron las últimas leyes de la anterior legislatura. La Cámara, durante el Pleno en que se aprobaron las últimas leyes de la anterior legislatura.

La Cámara, durante el Pleno en que se aprobaron las últimas leyes de la anterior legislatura. / Efe

El Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía se reunirán el próximo mes para estudiar de qué modo matizar y modificar tres leyes aprobadas en el Parlamento andaluz en las postrimerías de la legislatura anterior.

Se trata de la ley para la Promoción de la Igualdad de Género, la ley Audiovisual y la ley de Cambio Climático, que recibieron un amplio respaldo de la Cámara andaluza en la última sesión plenaria de contenido legislativo antes de las elecciones del 2 de diciembre.

En tres documentos publicados el pasado 8 de febrero y firmados por la ministra de Política Territorial y Administración Pública, Meritxell Batet, y por el entonces vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ambas administraciones acordaron la conformación de un grupo de trabajo para examinar las diferentes discrepancias surgidas en torno a la constitucionalidad de las tres leyes citadas.

Un plazo de tres meses más seis

Será ahora el equipo de Elías Bendodo, como titular del departamento de Presidencia de la Junta, quien se reúna en un día aún indeterminado del mes de abril con el gabinete de Meritxell Batet, aunque lo probable es que la cita se produzca en la primera quincena, dado el calendario electoral venidero.

De ese modo, la primera reunión de calado entre el Gobierno y la Junta se producirá casi tres meses después de la fecha del acuerdo de la creación de la Comisión Bilateral de Cooperación entre Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma.

El Gobierno central cuenta con un plazo de tres meses para recurrir una ley emanada de una Cámara autonómica. En el supuesto de iniciarse la comisión bilateral entre las dos administraciones –cosa que ha ocurrido en el caso de las tres normas aprobadas por el Parlamento andaluz–, la fecha límite se prolonga a nueve meses, informaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública; es decir, el 15 y 16 de julio del año corriente.

Con objeto de cumplir con los plazos preceptivos fijados en la norma, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido acometer la primera toma de contacto con la Junta antes del comienzo de la campaña electoral y de entrar en funciones, una vez que se produzca la votación el 28 de abril.

En tal ocasión, durante la primera reunión de enjundia legislativa de ambas administraciones, es probable que la Consejería de Presidencia le plantee al Gobierno central la posibilidad de recurrir a un procedimiento abreviado de la reforma estatutaria con el fin de eliminar los aforamientos en Andalucía. La modificación del Estatuto precisa del plácet de las Cortes Generales.

Controversias de inconstitucionalidad

En cuanto a los motivos por los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha considerado inconstitucionales las tres leyes aprobadas en el Parlamento andaluz, de lo referido en los textos publicados se extraen razones de distinta naturaleza.

Si bien la Ley Audiovisual y la Ley de Cambio Climático contienen artículos que podrían incluirse en lo que los abogados del Estado llaman "invasión de competencias" del Estado –cuestiones que podrían definirse de naturaleza técnica–, la controversia surgida por la Ley de Igualdad, que en realidad es una reforma del texto de 2007, sí plantea problemas por cuestiones más de fondo.

La norma que modificó la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía fue una de las que más lustre recibió del anterior Gobierno andaluz. Largamente esperado, el proyecto de ley fue presentado por el departamento de la ex consejera de Igualdad y Asuntos Sociales María José Sánchez Rubio en marzo de 2018.

Durante seis meses, la norma cursó los trámites parlamentarios con no poca discusión, pero acabó siendo respaldada con la amplia mayoría de PSOE, PP y Ciudadanos. En contra, por diferentes causas, se posicionaron IU y Podemos.

El origen del conflicto constitucional de dicha ley está basado en dos de sus apartados. De un lado, en las definiciones de "acoso sexual" y "lenguaje sexista" y, de otro, en el capítulo dedicado a las infracciones y sanciones.

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