La Junta de Andalucía y el Gobierno central parecen empeñados en pasar página lo antes posible de un desencuentro que ha puesto en peligro la puesta en marcha del denominado Acuerdo por Doñana y, lo que es más importante, la inversión de 1.400 millones de euros entre ambas administraciones. De hecho, éste pacto permanecía suspendido hasta la tarde de ayer, cuando se producía una reunión telemática entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los consejeros andaluces de la Presidencia, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco.

Los tres tenían la tarea de eliminar del decreto de simplificación los artículos 242 y 244 que incluían dos párrafos contenidos de manera literal en la proposición de ley de regadíos de Doñana y que derivó en la reacción de la ministra de Transición ecológica, Teresa Ribera, de suspender la reunión prevista en Sevilla para el pasado martes. Según ha podido conocer este periódico, los encuentros con agricultores, ayuntamientos y agentes económicos y sociales afectados por el Acuerdo por Doñana, se producirá a finales de este mismo mes.

Para ello ha sido necesario consensuar una nueva redacción de ambos artículos. La Junta había sostenido que se trataba de una simple trasposición de la ley de montes andaluza a la normativa nacional, mientras que del Gobierno aseguraba que dejaba la puerta a la regularización de superficies forestales de especies de ciclo corto (fundamentalmente eucaliptos) en terrenos agrícolas. Las suspicacias no cesaron hasta que se produjo una llamada telefónica entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la propia ministra, en la que el primero le garantizó su disposición a reunirse para eliminar cualquier inconveniente que pudiera haber en el Gobierno central. “Diez minutos” fue el tiempo que Moreno aseguraba horas antes que necesitaba para corregir “lo que no les guste y modificarlo para que no haya problemas ni con Doñana, ni con el agua”.

A pesar de que no se han reconocido detalles sobre el encuentro de la tarde de ayer, poco más tardaron Sanz, Fernández-Pacheco y Morán en cerrar el acuerdo que, fuentes del Ejecutivo andaluz calificaron de “cordial y breve, ya que ha sido muy fácil llegar a un acuerdo”.

El contenido tiene notables diferencias con el que se encontraba vigente desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, es decir, desde el pasado sábado. La más sustancial es la que referencia a la exclusión de aquellos terrenos que ya han sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad. Este hecho solventaba las reticencias que habían hecho los partidos de la oposición en bloque sobre la posibilidad de que buscara una amnistía a los infractores.Además, se refuerza con que la entrada en vigor de la modificación acordada ayer, será retroactiva, es decir, estará plenamente vigente desde el 17 de este mes, es decir, la entrada en vigor del propio decreto. Se pone fin así a las suspicacias también planteadas por la oposición, especialmente el PSOE, que habían hecho llegar la posibilidad de que algunos agricultores ya habrían iniciado los trámites para regularizar la conversión de suelo forestal a agrícola.

Este extremo fue desmentido por fuentes del Gobierno andaluz que confirmaron que, esas conversiones, en cualquier caso, deberían ser autorizadas por la Junta de Andalucía y a ésta no le había llegado solicitud alguna. En cualquiera de los casos, la extensión afectada apenas llega a las 70 hectáreas de acuerdo a las mismas fuentes.

El siguiente paso es la convalidación de esta nueva redacción de los dos artículos del decreto en una próxima reunión del Consejo de Gobierno. Según ha podido conocer este periódico, se baraja la posibilidad de que sea aprobado incluso en su reunión del próximo martes. Entonces se volvería a llevar al Parlamento para su convalidación en el pleno de dentro de quince días.

Ésta tuvo lugar ayer en el pleno del Parlamento de Andalucía y contó con los votos favorables del PP y Vox (aunque éstos últimos arremetieran contra el mismo) y en contra de Adelante, PSOE y Por Andalucía. Estas dos últimas formaciones aseguraron previamente que la convalidación no será la última vez que oigamos hablar de este decreto de simplificación. La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, había pedido la colaboración socialista para sacar el debate del orden del día, algo que al final fue rechazado entre protestas.

Lo que también confirmó, en este caso la portavoz socialista, Ángeles Férriz, fue el recurso ante el Tribunal Constitucional del decreto en su conjunto. Los fundamentos del PSOE se sustentan en que los diferentes informes jurídicos que rodean al decreto “no dejan justificada la urgente y extraordinaria necesidad” que explicaría el empleo de un decreto en vez de tramitar un proyecto de ley. Este extremo fue desmentido por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, quien aseguró en el pleno que esa referencia se hace en todos los decretos. Además, Férriz añadió la falta del informe del Consejo de Gobiernos Locales, que “no se ha pronunciado el Consejo Consultivo”, aun cuando ha precisado que su dictamen “no es vinculante”, además de una posible invasión de competencias, argumentos todos ellos calificados desde la Junta como “muy endebles”.

Doñana monopoliza el atril

El asunto de Doñana lo esgrimió la oposición. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, no hizo mención alguna en su exposición. El parlamentario socialista Josele Aguilar, puso como ejemplo de la “desfachatez” del decreto que se incluya una modificación de la ley forestal como la que recogía el PP en su proposición de ley con Vox, que ni es una transposición de la norma estatal ni está acordada con el Ministerio y añadió que se trata de “un esperpento” convalidar ya un decreto que van a rectificar en una semana (en referencia a la modificación acordad ayer). Aguilar anunció que el PSOE “peleará donde sea necesario” este “decreto omnibus al estilo Milei”, que es “una vergüenza antidemocrática” y de “dudosa constitucionalidad”.

Ricardo López, de Vox, lamentó que no se haya hecho “ninguna poda normativa”, afeó a la Junta que quiera “vender y ponerse medallas” que no son reales y ha advertido del peligro de los silencios administrativos.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, habló de “decretazo”, de “desprecio a la sociedad civil organizada” por cambiar 176 normas y de “trampas” que están pensadas “para agilizar los negocietes, a los que sí les ponen la alfombra roja”.

Por último, desde Adelante, Maribel Mora denunció el “autoritarismo puro y duro” y que se “cuela” un texto para que los freseros “ilegales” en suelo forestal de la Corona Norte de Huelva puedan “entrar” y ser “amnistiados” para no pagar sus multas.