El dueño de Uniter, José González Mata, le ha dicho a la juez Mercedes Alaya que el actual viceconsejero de Innovación, Luis Nieto, autorizó los ERE de los parques auxiliares de Astillero de Huelva y Santana Motor, han informado fuentes del caso.

Así lo ha explicado el propietario de Uniter a preguntas del abogado Fernando de Pablo, que representa al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero. El imputado, que este martes continúa declarando por segundo día ante la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, también ha dicho que los sucesos de Guerrero en la dirección general de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera continuaron con la "misma dinámica" de Guerrero en lo que se refiere a la concesión de las ayudas.

De la misma forma, José González Mata ha explicado que la Junta de Andalucía no aplicaba los mismos controles que el Gobierno central en cuanto a los requisitos de los trabajadores para acogerse al ERE de la Faja Pirítica, como el de la edad, y ha añadido en este sentido que el control del Ejecutivo central "nunca" lo ha tenido la Administración autonómica.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el pago de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, retomó esta mañana el interrogatorio al dueño de Uniter, José González Mata, con una hora y media de retraso, una demora que viene siendo habitual en las declaraciones de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Alaya había citado al imputado a las 10:30 pero la magistrada no llegó a esta hora y no ha sido hasta las 11:55 cuando continuó la declaración. Más de una veintena de abogados han aguardado el retraso en el inicio de la comparecencia.

La juez Mercedes Alaya considera que los 51,6 millones de euros que cobraron Uniter y Vitalia por gastos de corretaje son cobros "indebidos", según la imputación formal que hizo ayer al dueño de Uniter, José González Mata, que compareció como imputado tres meses después de que se desarrollara la operación Heracles de la Guardia Civil.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla imputó hasta ocho delitos al dueño de Uniter: cohecho, malversación de caudales en su condición de extraneus, asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública.