La juez Mercedes Alaya envió ayer a prisión, eludible bajo fianza de 600.000 euros, al propietario de Uniter, José González Mata, imputado por ocho delitos en relación con el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de los ERE sufragadas con fondos públicos de la Junta de Andalucía. La Guardia Civil condujo anoche a González Mata a la prisión de Sevilla-I y su abogado defensor, Juan Pedro Cosano, anunció que presentará un recurso de apelación directamente ante la Audiencia de Sevilla, al considerar un "sinsentido y un disparate" la decisión de la juez Alaya, sobre todo porque al tener las cuentas bancarias intervenidas, no puede hacer frente al pago de ninguna fianza.

El letrado dijo a los periodistas que ha pedido a la juez que sustituyera la prestación de la fianza en metálico por una garantía hipotecaria, pero la instructora se negó. Cosano manifestó que la decisión de la instructora "está basada en temas metajurídicos", sin querer precisar a qué se refería.

En el auto, la magistrada también ácuerda designar como administrador judicial de las entidades Uniter y Cureña al Consorcio de Compensación de Seguros. La fianza de 600.000 euros coincide con la cantidad que impuso la Audiencia de Sevilla al ex director general de Vitalia, Antonio Albarracín, a quien Alaya también envió a prisión sin fianza, una medida que corrigió el tribunal.

La decisión de Alaya se produjo después de dos sesiones de interrogatorio al empresario jerezano y una vez que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que ejerce el PP pidieron su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Tanto el Ministerio Público como el PP alegaron la gravedad de los delitos que se le imputan, con penas que pueden superar los cinco años de prisión, el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas por parte del imputado para justificar la petición de prisión provisional.

Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández solicitaron además que se le imponga una fianza civil de 177 millones de euros, importe que representa la totalidad de las pólizas pagadas con fondos públicos que gestionó Uniter, más el tercio legal correspondiente. Los fiscales precisaron que esta fianza civil para hacer frente a las posibles responsabilidades futuras puede ser incluso mayor, en función de la investigación que está desarrollando actualmente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, por su parte, pidió que González Mata comparezca periódicamente en el juzgado, y el sindicato UGT se adhirió a esta petición.

La defensa del propietario de Uniter, por su parte, se opuso a la medida cautelar solicitada, alegando que no se daban ninguna de las circunstancias alegadas por las acusaciones, ya que, según manifestó el abogado antes de conocer el auto de prisión, no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas. Cosano, además, señaló que el imputado ha colaborado con la juez y su patrimonio está intervenido -Alaya acordó intervenir en abril pasado 84 cuentas de Uniter y Cureña-, hasta el punto de indicar que en la actualidad está viviendo de aportaciones de amigos, que le están "devolviendo los favores que él ha hecho" con anterioridad, explicaron fuentes del caso. El defensor también alegó que la mujer de González Mata tiene que ser operada en julio de una grave enfermedad.

El letrado recordó en su intervención una frase del jurista Ulpiano al afirmar que "la Justicia deja de ser Justicia cuando no es igual para todos", una cita que algunas fuentes interpretan al hecho de que en la actualidad sólo cuatro imputados de la causa de los ERE permanecen en prisión provisional. Permanecen en prisión provisional por esta causa el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, los directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, y el testaferro Eduardo Leal del Real.

La declaración de González Mata se ha prolongado durante dos días y la juez Alaya reveló en su imputación formal que los 51,6 millones de euros que cobraron las consultoras Uniter y Vitalia por gastos de corretaje son cobros "indebidos", según la imputación formal que ha realizado al propietario de Uniter.

La juez también recuerda en la imputación que parte de sobrecomisiones, en concreto 7,6 millones fueron a parar a los entornos de los sindicatos UGT y CCOO, de los cuales 3,2 millones fueron abonados por Uniter y 4,2 millones por Vitalia.

El empresario jerezano reconoció en su declaración que pagaba un 0,5% a los "brókeres de los sindicatos". En la información publicada ayer por este periódico se deslizó un error, por parte de la fuente informante, al afirmar que con esta expresión el dueño de Uniter se refería a la empresa Atlantic Cooper, cuando en realidad era Atlantis.

González Mata dijo que en algún caso llegó a abonar hasta el 1,5% por la labor que hacían las organizaciones sindicales y que González Mata explicó que consistía en "auditar" las pólizas, señalaron fuentes del caso. El imputado precisó que en el caso de Delphi y Astilleros los sindicatos cobraron un 1%.

El responsable de la mediadora negó, en cualquier caso, haber cobrado comisiones excesivas de hasta el 30%, como sostiene la instructora, ya que, según indicó, la media era del 5% y en alguna ocasión llegó hasta el 13%, cuando había asociaciones de trabajadores por medio, y afirmó que la Junta de Andalucía aún le debe las comisiones correspondientes a entre 200 y 300 millones de euros en pólizas, lo que representa "poco más de la mitad" de la cuantía total que ha tramitado en el período investigado y que de acuerdo con la media que González Mata dice haber cobrado rondaría los diez millones.

Vincula al viceconsejero Nieto con los ERE de Astilleros y Santana

González Mata le dijo a la juez que el actual viceconsejero de Innovación, Luis Nieto, autorizó los ERE de los parques auxiliares de Astilleros de Huelva y Santana Motor. El propietario de Uniter hizo esta afirmación en respuesta a preguntas del abogado Fernando de Pablo, que representa al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero. El imputado también dijo que los sucesores de Guerrero en la dirección general de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera continuaron con la "misma dinámica" que su antecesor en la concesión de las ayudas.

De la misma forma, González Mata indicó que la Junta de Andalucía no aplicaba los mismos controles que el Gobierno central en cuanto a los requisitos de los trabajadores para acogerse al ERE de la Faja Pirítica, como el de la edad, y ha añadido en este sentido que el control del Ejecutivo central "nunca" lo ha tenido la Administración autonómica. La Junta reaccionó de inmediato y aseguró que es falso que Nieto autorizara dichas pólizas. La consejería aseguró que la póliza de Astilleros de Huelva se formalizó en febrero de 2011, financiada principalmente por la Administración General del Estado, y que de Santana Motor sólo se formalizó una póliza, de la empresa Matresur, en febrero de 2012.