La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el pago de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas con fondos públicos, considera que los 51,6 millones de euros que cobraron Uniter y Vitalia por gastos de corretaje son cobros “indebidos”, según la imputación formal que ha hecho este lunes al dueño de Uniter, José González Mata, que comparece como imputado tres meses después de que se desarrollara la operación Heracles de la Guardia Civil.

Fuentes del caso han confirmado que la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha imputado al dueño de Uniter ocho delitos: cohecho, malversación de caudales en su condición de extraneus, asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública.

En el relato de la imputación a González Mata, que tiene una extensión de unos 30 folios, la juez Alaya ha puesto de manifiesto que los 51.650.520 euros que Uniter y Vitalia cobraron en concepto de gastos de corretaje por la tramitación de las pólizas en la década investigada son “indebidos”. La novedad de la imputación consiste en atribuir las presuntas irregularidades a la totalidad de los gastos cobrados por la mediadora y no sólo a los 20 millones de euros que, según la juez, Uniter cobró en sobrecomisiones por encima de la media del mercado.

Para llegar a esta conclusión, Alaya se basa en dos aspectos, como son que la Dirección General del Seguro ha señalado que esos pagos eran “innecesarios” porque para contratar con la Administración no era necesario acudir a entidades mediadoras, como Vitalia o Uniter. En segundo lugar, la juez se basa en el decreto 4/2012, de regularización de las ayudas y el procedimiento, lo que implica que la Junta no va a pagar esos gastos, por lo que la instructora apunta a que la cantidad total de las ayudas percibidas por Uniter y Vitalia, esos 51,6 millones, son “indebidas”. La juez también recuerda en la imputación que parte de las sobrecomisiones, en concreto 7,6 millones fueron a parar a los entornos de los sindicatos UGT y CCOO, de los cuales 3,2 millones fueron abonados por Uniter y 4,2 millones por Vitalia.

El dueño de Uniter lleva prestando declaración ante la juez durante toda la jornada y en su comparecencia ha afirmado que su empresa negociaba todos los asuntos relacionados con la tramitación de los ERE con el entonces director general de Trabajo Javier Guerrero, salvo en una ocasión, la relativa al expediente de la Faja Pirítica de Huelva, en el que intervino Paquillo, en alusión al secretario general de Empleo Francisco García Martínez, actual concejal y primer teniente de alcalde de Guarromán (Jaén).

El imputado ha asegurado a la juez que los sindicatos eran quienes decidían qué consultora entraba en cada expediente. Según González Mata, él negociaba a su vez con las organizaciones sindicales y con el propio Guerrero sobre las necesidades de cada ERE, como por ejemplo si iban a necesitar un local, servicio de asesoría jurídica, etc., y en función de estas necesidades, la consultora facturaba por estos servicios. El imputado ha reconocido que pagaba un 0,5% a los “brókeres de los sindicatos”, expresión con la que se ha referido a las empresas ITG y Atlantis Cooper, y ha dicho que en algún caso llegó a abonar hasta el 1,5% por la labor que hacían las organizaciones sindicales y que González Mata ha expresado que consistía en “auditar” las pólizas, han señalado fuentes del caso. El imputado ha precisado que en el caso de Delphi y Astilleros los sindicatos cobraron un 1%.

El responsable de la mediadora negó, en cualquier caso, haber cobrado comisiones excesivas de hasta el 30%, como sostiene la instructora, ya que, según ha precisado, la media era del 5% y en alguna ocasión llegó hasta el 13%, cuando había asociaciones de trabajadores por medio. González Mata aportó a la juez un correo electrónico remitido al entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, en el que detalla las comisiones cobradas en el expediente de Delphi por cada una de las partes intervinientes.

Durante el interrogatorio, Alaya preguntó con insistencia por qué Uniter facturó al bufete de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís por unos servicios que este despacho realizó a la asociación de la Faja Pirítica, dado que la instructora considera que las respuestas del imputado son vagas y evasivas. El dueño de Uniter reconoció que pagó 2,7 millones a Estudios Jurídicos Villasís en el período comprendido entre 2001 y 2007 en concepto de “asesoría jurídica” y que ese dinero procedía del Fondo de Garantía Salarial  (Fogasa) y de las indemnizaciones a los trabajadores, y que debería ir a aminorar las primas financiadas por la Junta de Andalucía según el acuerdo marco.