La Junta se aleja de su ex consejero, pero cree "innecesaria" su prisión

"Todo el mundo sabe que éste es un caso del pasado, que no afecta ni al presente Gobierno ni va a afectar al futuro Gobierno de Andalucía". Así de taxativa se pronunció ayer la consejera de la Presidencia en funciones y portavoz de la Junta, Mar Moreno, sobre las consecuencias políticas de la entrada en prisión del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, la más inmediata, la influencia sobre la consulta de IU a las bases para su entrada en un gobierno conjunto horas más tarde.

No se recuerda un distanciamiento tan contundente del Ejecutivo socialista que ha tenido que lidiar con el impacto del caso de los ERE con los dirigentes encausados, apenas separados por unos meses de mandato y que incluso han compartido gabinete. Pero ésa es la línea roja que ha trazado el Gobierno en funciones, que aleja el escándalo para no importunar la llegada de un nuevo aliado al Gobierno, IU.

En una comparecencia medida (Moreno rara vez comparece con gafas) y apenas cinco horas después de que Alaya ordenase el ingreso en prisión de Fernández, la Junta se pronunció sobre el devenir de un caso que a buen seguro seguirá sacándole los colores al menos los próximos dos o tres años.

La posición de la Junta es compleja: por un lado Moreno manifestó que el Gobierno andaluz recibió la noticia con "pesadumbre" y ensalzó la gestión del Fernández (consejero de 2004 a 2010, pero cuya incorporación a la Administración autonómica se remonta a 1994) en la resolución de importantes conflictos laborales. A partir de ahí, precisó la propia Moreno, la Junta es parte acusadora, que investiga y denuncia, y lo que desea es que Fernández tenga la oportunidad de "defender" (no demostrar) su inocencia. En su discurso inicial, Moreno precisó que la representación judicial de la Junta no consideró necesario el ingreso en prisión del ex consejero (a diferencia de la Fiscalía) al entender que una fianza y su comparecencia semanalmente en el juzgado era suficiente. Moreno no quiso entrar a valorar si la duración de la comparecencia de Fernández ante la juez más de 90 horas había sido o no proporcionada.

La tesis en la que insiste el Gobierno andaluz, que rebate Mercedes Alaya, es que el conjunto de las partidas denominadas 31L destinada a ayudas sociolaborales para trabajadores y empresas en crisis "no son ilícitas en su conjunto, sino que ha habido determinadas ayudas que se han utilizado de forma fraudulenta". "El grueso de las responsabilidades sigue estando en la gestión de las ayudas que se han podido usar de forma fraudulenta o que alguien se haya aprovechado de ellas", añadió.

La Junta incide en que el procedimiento para conceder estas subvenciones pudo ser más o menos idóneo, pero en ningún caso se creó con fines ilegales, para beneficiar a determinadas personas por su militancia al PSOE o por afinidad, como apunta la juez.

La Junta arma su defensa en que los tribunales entenderán que aunque el procedimiento no sea idóneo, y por él se fugasen millones de euros de un fondo que contó con un presupuesto de más de 700 millones en una década, no por ello se deriva una responsabilidad penal, y entiende que esta defensa es compatible con la persecución a quienes se hayan aprovechado de la falta de regulación del sistema.

"La posición de la Junta no se ha modificado en absoluto", subrayó Moreno, preguntada por los periodistas si mantenía el discurso de que la responsabilidad de este caso se acotaba a un centro directivo, la dirección general de Trabajo que gestionó durante una década Francisco Javier Guerrero, también en prisión.

Preguntada por si la Junta teme una cascada de ingresos en prisión de otros imputados, como el actual director general de Empleo, Daniel Rivera, Moreno replicó que el Gobierno andaluz afronta el caso sin "ningún tipo de temor" así como con "valentía" para investigar, denunciar y "llegar al fondo del asunto afecte a quien afecte". La consejera de la Presidencia aseguró que la Junta va a seguir colaborando hasta el esclarecimiento final del caso para "castigar a los culpables" y recuperar "hasta el último euro" presuntamente defraudado.

De ahí no se movió Moreno, que tampoco entró a valorar las manifestaciones de Fernández que implican tanto al ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, como a su sucesor y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que fue consejero de Economía y Hacienda de 2004 a 2009.

Moreno dijo acerca de si deberían tomar responsabilidades tanto Chaves como Griñán que "la principal responsabilidad de un gobierno es luchar contra cualquier comportamiento deshonesto y eso lo ha hecho el gobierno de José Antonio Griñán desde el minuto uno".