La Junta denunciará al Gobierno si no para el almacén de gas en Doñana

Fiscal esgrime un informe del CSIC que revela el posible riesgo sísmico del proyecto industrial

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ayer en Almonte.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ayer en Almonte. / Julián Pérez
C. López · Efe

15 de julio 2017 - 02:37

Almonte/El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, anunció ayer que la Junta llevará al Gobierno a los tribunales si, tras el informe del CSIC en relación a los proyectos de gas del entorno de Doñana, de Gas Natural, no los paraliza. Lo anunció tras participar en el Consejo de Participación de Doñana tras ser cuestionado por el mencionado informe, que se hizo público a finales de junio tras haberlo encargado el Defensor del Pueblo.

El informe revela que las Declaraciones de Impacto Ambiental de los cuatro tramos en los que se ha subdividido el proyecto del gasoducto no evalúan los posibles riesgos sísmicos que, en su caso, pudiera originar la ejecución de éste. José Fiscal indicó que el informe les parece "muy grave", y que el mismo "no viene más que a confirmar lo que muchas voces decían: que había que hacer una evaluación conjunta del proyecto y que había que incidir sobre los riesgos sísmicos que podía suponer para el entorno".

Remarcó además que el CSIC es una institución que depende del Gobierno central, y garantizó que desde su departamento "se va a tener en cuenta el informe y se va a actuar". "Yo siempre dije que en el momento que tuviéramos una herramienta para ir más allá de lo que estábamos yendo lo íbamos a hacer, y eso se ha producido con este informe", destacó el titular de Medio Ambiente.

Fiscal explicó que el próximo paso será pedir al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que retire las evaluaciones ambientales de los cuatro subproyectos y haga una sola "teniendo en cuenta los efectos acumulados de lo que entendemos un sólo proyecto". Posteriormente, añadió, se le instara a que "pida al Ministerio de Industria la paralización de facto y oficial, ya que según la propia empresa no hay actividad ya en la zona de Marismas Occidental, de esa parte del proyecto".

"Si esto no es así nos iremos a los tribunales, tenemos un informe oficial de una institución del máximo reconocimiento y prestigio y si el Gobierno no actúa iremos a los tribunales para que sean ellos los que paralicen el proyecto", concluyó.

En su cuenta de Twitter, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, realizó también esta advertencia al señalar que proteger Doñana "es prioritario", por lo que "si el Gobierno no paraliza el proyecto de Gas Natural", desde la Junta de Andalucía se frenará "en los tribunales".

Una "oportunidad" para reforestar la zona quemada con autóctonas

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, analizó ayer con un punto de optimismo el incendio de Moguer que arrasó con una 8.500 hectáreas del entorno de Doñana. Considera que la reforestación del área calcinada podría dejar la zona "más atractiva" desde un punto de vista medioambiental, según explicó ayer en la reunión del órgano que preside. Su argumento consiste en que la zona quemada verá sustituidos los pinos por especies autóctonas aún por definir, pero entre las que se encontrarán seguramente alcornocales, encinas, enebros y romeros. Todos los actores implicados en la conservación de la Reserva de la Biosfera, reunidos ayer en Almonte, coincidieron en la necesidad de que la reforestación se realice con especies propias del Mediterráneo. "Ahora tenemos una oportunidad para pensar mejor cómo nos gustaría que fuera esta zona", apuntó el presidente, quien emplazó al equipo técnico designado para tal fin a diseñar las líneas maestras de esta reforestación. Delibes insistió en la necesidad de definir el plan y, en la medida de lo posible, ejecutarlo con la mayor premura posible, a efectos de mitigar "la desolación" que se observa a través de la carretera que une las costas de Mazagón y Matalascañas. De momento, Medio Ambiente ha liberado 370.000 euros para acometer los primeros trabajos de las zonas afectadas y que comienzan el lunes.

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