La Junta rechaza la ampliación de El Cabril y quiere su clausura

El debate sobre la ampliación del Cabril subió ayer de intensidad después de que la Junta de Andalucía expresara públicamente su posicionamiento a favor de clausurar el almacén nuclear cuando las celdas ya construidas se llenen. La situación choca frontalmente con lo defendido el lunes por el PP desde los organismos en que gobierna, en el sentido de que duplicar la capacidad del recinto ayudará a crear empleo y riqueza.

Fue la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, quien dijo que "el equipamiento debería clausurarse y cerrarse", al tiempo que aclaró que ni la Consejería de Medio Ambiente ni la Delegación del Gobierno han recibido propuesta ninguna de ampliación por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), que gestiona la instalación ubicada en el término municipal de Hornachuelos.

El posicionamiento de la Junta es clave al ser una de las administraciones que tiene que conceder los permisos para que el plan salga adelante.

Ambrosio recordó que el equipamiento cuenta con 28 celdas para residuos de media y baja actividad que se encuentran al 70%. El Cabril cuenta también con una celda para muy baja actividad y otra se encuentra ya en construcción. La representante de la Junta insistió en que el Parlamento de Andalucía rechazó en el año 2006, con la unanimidad de todos los grupos, una ampliación del equipamiento, motivo por el que consideró que "una vez que se colmate y llegue al 100% el equipamiento debería clausurarse y cerrarse".

La responsable provincial argumentó que Córdoba y Andalucía "ya han pagado su cuota de solidaridad de manera responsable" y emplazó a un debate nacional que decida dónde ubicar la basura nuclear que se genere a partir de 2021, cuando Enresa prevé que la ampliación se ponga en funcionamiento. "El debate de la construcción de un equipamiento nuevo para poder acoger este tipo de residuos es de carácter nacional, no le corresponde ni siquiera a Hornachuelos ni a la provincia ni a la comunidad autónoma", sino que es "un tema de Estado, donde debemos sentarnos todos en una mesa", argumentó.

En el extremo contrario se posicionó ayer el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, quien respaldó la ampliación de la instalación e insistió en que el Ejecutivo central "respetará la legalidad" establecida "en cada momento" "No le quepa la menor duda a los ciudadanos" que se mantendrá "la legalidad vigente en unas instalaciones que, según subrayó, son seguras. El otro argumento aportado por Primo Jurado para respaldar el plan de Enresa es que el equipamiento "beneficia económicamente" tanto a la propia Enresa como a la comarca.

La clave está en que El Cabril asume el 80% del desmantelamiento de las centrales y otras actividades, para lo que dispone de una capacidad de 50.000 metros cúbicos, de los que ya están ocupados 30.000, el 70% del total. La previsión de máximos para los próximos 40 años, con el desmantelamiento de centrales nucleares, es de 180.000 metros cúbicos de baja y media actividad.