La Junta de Andalucía prepara ya un recurso contra el auto que la declara responsable civil subsidiaria en el caso del presunto fraude de los cursos de formación. El Gobierno andaluz considera que es "parte perjudicada" en este asunto y, por tanto, cree que debe ser acusación particular en la causa.

Así lo aseguró ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, un día después de que se diese a conocer que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva consideraba personada a la Junta en la investigación que se sigue en ese órgano como responsable subsidiaria, mientras en los casos abiertos en otros juzgados andaluces en referencia a los cursos de formación financiados con fondos públicos la Administración figura como acusación particular. En el caso onubense, el juez investiga a 29 empresas y sus responsables por la gestión de los fondos para formación otorgados por la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

"El gabinete jurídico de la Junta tiene en fase de elaboración el recurso de apelación", aseguró el portavoz del Gobierno, destacando que ha sido el propio gabinete el que ha decidido recurrir por considerar que existe una base jurídica para ello.

Vázquez argumentó que en este caso "no hay ningún tercero dañado, con lo cual no parece lógico que la Junta se pague a sí misma". No obstante, reconoció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que los fondos de los cursos son de procedencia estatal al ser preguntado por una posible responsabilidad ante la Unión Europea.

El juez de Huelva considera que, dado que existen indicios de infracción penal en la actuación de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, la Junta debe ser admitida como parte con esa consideración de responsable última de su actuación. El magistrado se pronuncia así después de que la Policía Nacional, en el último informe emitido por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF), impute por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos al ex director provincial del SAE, Eduardo Muñoz, el ex jefe del servicio de Formación, José Ángel Gil; al ex secretario general de la Delegación de Empleo, José Martínez Iglesias; al jefe del departamento de Análisis y Programación, Manuel Velázquez, y a dos técnicos.

En paralelo a esta polémica declaración de la Junta como responsable subsidiaria, el magistrado Javier Romero prosigue con la instrucción del caso reclamando la remisión de nuevos informes. El juez tomó declaración al interventor provincial de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, que en dos informes elaborados sobre la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo (especialmente en el que abarca el periodo 2009-2012) advirtió de la ausencia de justificación de las ayudas otorgadas, la falta de control del cumplimiento de los requisitos y la ausencia de procedimientos de reintegro pese a ello. El interventor llegó a alertar de un posible menoscabo de fondos públicos, que se cifraría en un informe de actuación posterior en 3,55 millones de euros y que ha sido negado reiteradamente por la Junta de Andalucía asegurando que los expedientes no han prescrito, por lo que es posible solicitar el reintegro de los fondos.

Tras escuchar al interventor, el juez ha dictado una providencia en la que requiere a la Intervención Provincial de la Junta de Andalucía para que remita al juzgado el informe ordinario previo al emitido como ampliación del informe especial de subvenciones 2009-2012.