Un empresario interrogado pone en duda el sistema de adjudicación usado en la formación

El presidente de la Asociación para la Formación y el Fomento de la Agroganadería Andaluza, José María Pérez González, imputado por supuestas irregularidades en las subvenciones a los cursos de formación, fue ayer el primer empresario en pasar por la comisión que procura depurar responsabilidades políticas en este asunto. Pérez González reconoció que "durante los últimos años" de realización de los cursos apenas recibieron la visita de inspectores que velaran porque se cumpliera con la normativa y puso en duda que en la adjudicación de los mismos hubiera concurrencia competitiva.

"He hecho un montón de cursos a los que no han ido inspectores", manifestó. También afirmó que "en los últimos 4 ó 5 años ha habido muchas cosas raras", a lo que añadió que "todo el mundo sabe que en los cursos de formación con sindicatos, CEA o ayuntamientos han pasado cosas".

Sobre la forma de obtener los cursos, dijo que "de la concurrencia competitiva me sonrío, los cursos se han dado hasta 2011 de la forma que se han dado". El empresario aseguró que el beneficio económico era mínimo y que además, después de que se parasen en 2011, se ha quedado con 400.000 euros de deuda. "Nos hemos encontrado que hemos firmado pólizas, que estamos hipotecados y que los que vamos a pagar somos nosotros", lamentó.

El ex gerente de la Faffe en Cádiz Luis Marqués, por su parte, afirmó que su función en la formación de los ex trabajadores de Delphi se limitó "a ejecutar las órdenes que venían". Marqués señaló que en Cádiz "ejecutábamos la actividad pero las cuestiones legales se decidían desde la dirección de Sevilla" y que "todos los procedimientos siempre acababan en la dirección correspondiente que tenía capacidad para autorizarlo". La oposición se quejó de que ninguno de los ex directivos de la Faffe que han pasado por la comisión han aclarado "nada" de lo ocurrido con Delphi.