Juzgan a partir de hoy a Roca y Muñoz acusados por el caso Goldfinger

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el cerebro de la trama del caso Malaya, Juan Antonio Roca, volverán hoy a sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Goldfinger, ligado a la recalificación urbanística de la parcela de la antigua casa del actor Sean Connery en Marbella. Los dos acusados, en prisión por diferentes procedimientos judiciales, serán conducidos a primera hora de la mañana desde la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre hasta la Ciudad de la Justicia.

En el último juicio en el que estuvo presente el ex alcalde pidió al Tribunal que lo iba a juzgar permiso para ausentarse durante la celebración del mismo al considerar que su salud "no lo iba a aguantar" y la Sala lo eximió.

En el banquillo de los acusados se sentarán otras quince personas, entre ellos algunos integrantes de un despacho de abogados encargados de defender los intereses económicos de Sean Connery en España, y también cinco exconcejales del GIL, entre otros.

En este procedimiento se investiga la recalificación urbanística de la parcela de la antigua casa de Sean Connery en Marbella y un supuesto fraude fiscal en la venta de las 72 viviendas que se construyeron en dicho suelo.

Pese a que el caso se denomina Goldfinger, una de las películas protagonizadas por Sean Connery, el actor "nunca aparece en la causa tomando decisiones, no aparece su firma en documento alguno que pudiera incriminarle, no gestiona ni dirige la sociedad Malibú S.A...", según el instructor. Debido a ello, el juez ha llegado explicar en un auto judicial que la causa "tuvo el desacierto de ser denominada caso Goldfinger" ya que ello "podía hacer suponer a la opinión pública que el caso giraba exclusivamente en torno al actor, cuando, nada más lejos de la realidad como se ha podido constatar".

El juez archivó la causa contra el actor y continuó una pieza separada contra su mujer, para la que el fiscal pide dos años y medio de cárcel -en otro procedimiento- como cooperadora de un delito contra la Hacienda Pública, por defraudar en la venta de las viviendas y multa de 22,6 millones de euros. El procedimiento principal se inició por una querella presentada por parte de la Fiscalía Anticorrupción al analizar el informe de fiscalización emitido por el Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades mercantiles durante 2000 y 2001. Se investigan delitos de fraude, contra la ordenación del territorio, contra la hacienda pública, cohecho y falsedad documental en tres acuerdos urbanísticos.