De Llera y García Calderón auspician la nueva oficina fiscal

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, acordaron ayer impulsar el desarrollo del nuevo modelo de oficina fiscal con el objetivo de conseguir una organización más ágil y eficaz de las estructuras del Ministerio Público en Andalucía que permita ofrecer un mejor servicio público a la ciudadanía. Antes de presidir la comisión mixta de la Consejería de Justicia e Interior y la Fiscalía Superior de Andalucía, De Llera recordó que el Ministerio Público es "una pieza clave" de la Administración de Justicia, pues "sin fiscal no hay Justicia", por lo que apostó por instaurar un modelo de trabajo "adaptado a las necesidades" de la comunidad.

De Llera subrayó la importancia de descargar a los fiscales jefe de algunas de las "ingratas" tareas que desarrollan en la actualidad, como repartir los servicios y llevar "casi" la "contabilidad" de la Fiscalía, a fin de que puedan dedicarse de pleno a dirigir las distintas fiscalías y que estas labores sean asumidas por funcionarios.

La nueva oficina fiscal nacerá con características concretas de organización y de manera coordinada con la oficina judicial, lo que permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos existentes y una mayor conexión entre ambas.

García Calderón valoró "positivamente" la disposición de la Consejería para, "con tanta rapidez", reunir a la comisión mixta, señalando que la nueva oficina fiscal "va a dotar de una mayor eficacia a nuestra labor y va a fortalecer, por lo tanto, el sistema de Justicia penal, sobre todo en una situación como la actual de crisis económica y en la que los ciudadanos necesitan que este sistema de Justicia sea mucho mas ágil y efectivo".

En la comisión mixta, creada para estudiar las necesidades personales, materiales y de organización del Ministerio Fiscal, se analizaron otros temas como la puesta en marcha del nuevo portal Adriano, las medidas impulsadas por la Consejería para la racionalización del gasto en los órganos judiciales, así como el seguimiento de distintos protocolos que afectan a ambas instituciones.