El Parlamento aprobará la ley de climatización de colegios por unanimidad

Luz verde a la ley de la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, más conocida como ley de bioclimatización de colegios. El trámite se inició en la pasada legislatura, en febrero de 2018, pero decayó con el adelanto electoral de aquel invierno. Adelante Andalucía, el grupo proponente, recuperó la iniciativa tras el cambio de Gobierno y, un año después, el texto está a punto de aprobarse en el Parlamento de forma definitiva.

Casi con total seguridad, el texto llegará al BOJA con el acuerdo de todos los grupos, incluidos Vox –sobre cuya postura había incertidumbre hasta ayer mismo– y el PSOE, que en la pasada legislatura rechazó la tramitación de la iniciativa impulsada entonces por Podemos.

En los próximos seis años, los 6.000 colegios e institutos públicos andaluces verán revisadas sus infraestructuras en materia de climatización y serán mejoradas si el estudio realizado por la Consejería de Educación y Deporte lo considera oportuno. Los centros concertados, aunque dependen de la Administración autonómica, están en edificios y parcelas de titularidad privada, por lo que no son susceptibles de entrar en este proceso de revisión y posterior mejora.

Los alumnos de la concertada compartirán con sus compañeros de la pública el derecho a recibir clases en inmuebles acondicionados tanto para el frío como para el calor tras alcanzar las distintas fuerzas políticas un acuerdo al respecto. Fuentes de la negociación revelan que este punto ha sido el más complejo, pero destacan que, finalmente, ha sido posible llegar a un consenso.

Para poder incluir a los concertados, que acogen casi al 20% del alumnado andaluz, Educación pondrá en marcha una línea de ayudas en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía. “El objetivo es que puedan acogerse a estas subvenciones como empresas”, explica Miguel Ángel Ruiz, portavoz del PP en la ponencia que se aprobó ayer y que deja el texto listo para su blindaje en Pleno.

PP y Ciudadanos ya apoyaron en 2018 el texto elaborado por Podemos, aunque de la mano con la asociación llamada Escuelas de Calor, nacida como consecuencia de la ola de altas temperaturas que vivió Andalucía en 2017 y que obligó a la Administración socialista a adelantar el final del curso varios días para evitar episodios de calor extremo en las aulas.

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los lugares donde los ciudadanos desempeñan sus trabajos la temperatura interna en verano debe oscilar entre los 23 y los 27 grados, mientras que en invierno el intervalo se reduce de los 17 a los 24 grados. Las medidas incluidas en el texto irán encaminadas a garantizar estas temperaturas.

Esto será posible gracias a la inclusión de las obras en el plan plurianual de infraestructuras que está preparando la Consejería de Educación y Deportes. Sin embargo, no es posible abordar los 6.000 centros a la vez, por lo que la Junta deberá comenzar con un diagnóstico de los más prioritarios, cuyo plan de reforma debe estar listo antes de que pase un año y medio desde la aprobación de la norma. En ese periodo debe realizarse la llamada “auditoría energética”, instrumento que servirá qué obras llevar a cabo en cada centro.

Los trabajos serán de diversa índole, pero el marcado carácter ambiental de la norma los condiciona. Destaca la apuesta por la plantación de nuevo arbolado o la instalación de toldos, así como la idea de incorporar iniciativas novedosas que, además, sean susceptibles de captar fondos europeos. En que los colegios que lo necesiten se colocarán aparatos de aire acondicionado o calefacción, que deben ir aparejados a mejoras en el aislamiento para garantizar así la eficiencia energética de la medida.

A pesar de que las fuentes consultadas señalan el alto nivel de consenso que genera la ley, el trámite ha deparado disputas por la defensa de la lucha contra el cambio climático incluida en la ley. En la negociación, Vox solicitó eliminar las menciones a la contención del cambio climático, concepto que rechazan, pero finalmente los disensos no han impedido la unanimidad en la aprobación de la ponencia. El socio del Gobierno de PP y Ciudadanos tampoco pudo incluir una enmienda relacionada con la colaboración público privada en la última sesión de la comisión celebrada ayer en el Parlamento.