Ecologistas en Acción emprenderá acciones legales para exigir una investigación "seria" sobre la actuación del Ayuntamiento de Córdoba en las naves de Colecor por parte de la empresa Arenal 2000 a raíz de que su propietario, el candidato de Unión Cordobesa Rafael Gómez, conocido como Sandokán, haya declarado que recibió un permiso verbal de "quienes mandaban en el Ayuntamiento" para construir el complejo de la carretera de Palma del Río antes de que se contara con una licencia vigente. La organización ecologista pedirá al Tribunal Supremo que emita un suplicatorio que permita una instrucción penal y el "procesamiento" de la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar.

Gómez ha realizado varias declaraciones públicas en el sentido de que el Ayuntamiento sabía cuáles eran sus planes de construir un centro comercial de venta al por mayor y que de forma tácita se le dio el visto bueno para seguir adelante con sus planes. Y fue aún más explícito al asegurar que ese permiso se pidió a quien ostentaba el poder municipal y que se obtuvo una autorización "verbal" para que las obras se desarrollaran. Además, aseguró que se tuvieron reuniones directas con Aguilar, la última de ellas cuando era consejera de Obras Públicas, para reducir la multa de 24,6 millones de euros y dejarla en 6.000 euros. El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, calificó esas declaraciones de absurdas. "Uno de los implicados dice en voz alta lo que era evidente, esto es, que es imposible no ver la construcción de semejante estructura hasta su conclusión, sin que se hubiera precintado la obra con anterioridad", afirma Ecologistas en Acción.

Un portavoz de la organización explicó que las palabras de Gómez son lo suficientemente relevantes como para constituir un indicio de que se ha cometido un presunto delito de prevaricación al permitir desde la autoridad municipal una construcción sin licencia mediante la omisión de los controles municipales. Ecologistas en Acción considera que las palabras de Gómez tienen el carácter de una "autoinculpación".