¿Por qué no siempre gobierna la lista más votada?

La prevalencia de la lista más votada para gobernar en los ayuntamientos es la marmota de la democracia española. En la década de los noventa del siglo pasado, el PP y PSOE acercaron posturas para abordar un cambio. Fueron unos años en los que las mociones de censura planificadas por partidos localistas o populistas, como el GIL, amenazaban a los alcaldes de los dos grandes partidos. El PP solicitaba que el alcalde fuera el candidato de la lista más votada, mientras que el PSOE dejaba la elección directa en mano de los ciudadanos mediante una segunda vuelta de las elecciones.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero encargó al Consejo de Estado un informe sobre esta posible elección directa, que fue publicado el 24 de febrero de 2009. Y lo desaconsejó por dos razones. La primera porque también se debe entender al pleno municipal como una representación de los ciudadanos, y la segunda, derivada de ésta, porque un alcalde elegido de modo directo mermaría la representatividad municipal. Ese mismo informe sí aconsejó eliminar la absurda prohibición de publicar sondeos electorales cinco días ante de la cita con las urnas.

La razón, por tanto, de peso por lo que no es obligatorio que el candidato de la lista más votada sea el alcalde es que el municipio está representado en el pleno, y es éste el que elige al regidor. Si ha obtenido la mayoría absoluta de los votos y, por tanto, del pleno, su elección está garantizada. La ley actual también prima en algo a la lista más votada, ya que, en ausencia de otros acuerdos entre partidos, el alcalde es el líder de las siglas con más votos.

El parlamentarismo español es representativo, se votan a unas Cortes que representan a la soberanía nacional, por lo que son los diputados quienes eligen al presidente del Gobierno, de acuerdo con una mayoría que se forja en el Congreso y que refleja, aunque con distorsiones, la voluntad política de los ciudadanos. Los parlamentos autonómicos, nacidos de la Constitución de 1978, mantienen el modelo, no se elige al presidente de la Junta, sino a la Cámara que refleja la realidad andaluza. Y es ésta la que decide.

Alberto Núñez Feijóo ha propuesto que los ayuntamientos dejen gobernar a la lista más votada. Lo hizo el lunes pasado en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, pero no es la primera vez. En 2022 fue su respuesta, un tanto evasiva, a sus posibles alianzas con Vox en los gobiernos regionales o en el central, tal como ha ocurrido en Castilla y León. Ahora, a los pies de las municipales del 28 de mayo, recurre a lo mismo: quiere que gobierne la lista más votada para distanciarse de Vox, al que no necesitaría.

El 28 de mayo son unas elecciones bloquistas, derecha e izquierda podrán gobernar en función de sus alianzas con comunes. PSOE, con su izquierda; PP, con Vox.

Si la lista más votada llevara, directamente, a la presidencia, Juanma Moreno no hubiese sido presidente en 2018. Ni Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, porque el más votado fue Ángel Gabilondo: Ni Martínez Almeida sería alcalde de la capital, porque Manuela Carmen alcanzó más votos.

En Andalucía tenemos también el caso contrario. Javier Arenas ganó unas elecciones andaluzas, las de marzo de 2012. De hecho, es hasta ahora el único líder del PP que ha ganado estos comicios autonómicos. Pero gobernó José Antonio Griñán, porque había una mayoría de izquierdas en el Parlamento. Gobernó junto a IU.

La discusión sobre la elección del presidente del Gobierno no ha sido objeto de polémica, por cuanto PP y PSOE, así como el resto de partidos minoritarios, siempre han respetado el modelo.

El PSOE no rechazó del todo la demanda en los noventa, pero propuso un sistema de doble vuelta. De ese modo se evitaba, por ejemplo, que en unas elecciones con muchos candidatos probables gobernase uno que apenas obtuviera un 20% de los apoyos, pero el PP entendió que, para sus intereses, la doble vuelta daría el mismo resultado: la izquierda se reagruparía en la segunda elección.

El PP andaluz ha optado por callar ante la propuesta de Feijóo. No le queda otra, porque se estaría deslegitimando de modo gratuito. A Feijóo le habría bastado con explicar que aspira a gobernar con un programa propio y, si tuviese que ser reformado para dar cabida a una coalición, dejaría intactas -esta vez sí- unas cuantas líneas rojas.