El cerebro que maquinó la mayor trama de corrupción conocida en España, Juan Antonio Roca, ha tenido ocho días de libertad en ocho años y durante todo ese tiempo ha estado sujeto al régimen especial de los presos incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES). De esta manera, todas sus comunicaciones con el exterior de la cárcel pueden ser examinadas y la Administración Penitenciaria se ocupa del control de las mismas, "la prisión dentro de la prisión" aseguran juristas consultados.

Una simple caja de galletas es registrada y supervisada antes de dársela al que fuera jefe de todos los asuntos urbanísticos de Marbella (Málaga) y aunque su trayectoria penitenciaria es totalmente correcta continúa sometido a dicho seguimiento. Integrantes de banda armada o grupos terroristas, presos conflictivos y peligrosos, autores de delitos muy graves que hayan generado bastante alarma social así como personas pertenecientes a organizaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales suelen estar incluidos en el FIES.

Los juristas consultados han destacado que pasado tantos años Roca ya podría disfrutar de algún permiso, y que aunque los delitos por los que ha sido condenado son muy graves no se deberían equiparse con los de sangre o los vinculados al terrorismo.

El propio Roca, en la última jornada del macrojuicio del caso Malaya, se preguntó a sí mismo y pidió al tribunal y a las acusaciones que reflexionanse sobre por qué pedían más cárcel para él que para asesinos como Santiago del Valle, condenado por la muerte de la niña Mari Luz Cortés en Huelva. En el trámite de su última palabra, Roca aseguró que en junio de 2010, Del Valle le preguntó mientras cenaba en la cárcel qué delito había cometido para que pidieran más pena de cárcel que a él y que no supo qué contestarle. También en aquel momento, Roca recordó a otro recluso condenado por asesinar, descuartizar y meter en una maleta a su mujer, y que sin embargo ya disfrutaba de permisos de tercer grado.

Pese a su situación personal, el que fuera todopoderoso asesor urbanístico de Marbella, donde durante mucho tiempo no se movía un ladrillo sin su consentimiento o aprobación, intenta no derrumbarse, no habla de sus miedos y se refugia en su actividad laboral en la prisión y en la ayuda a otros reclusos. Esta circunstancia ha quedado registrada incluso en los informes psicológicos realizados en la prisión, en los que se recoge que Roca se ofrece como "salvador" de reclusos que sufren más que él. Pero la pena va para largo. El calvario de Roca no ha acabado, todavía le quedan abiertos más de treinta procedimientos pendiente de instrucción y juicio pero mantiene una actitud favorable al cumplimiento de las nuevas condenas, siempre según los informes de los expertos de Instituciones Penitenciarias.

Su abogada, Rocío Amigo, también ha plasmado por escrito la queja de que su cliente siga sin gozar de un permiso y considera que "la demonización del proceso aún tiene efectos sobre la situación de Roca". Si bien Roca ha cumplido el máximo legal en prisión provisional por el caso Malaya, continúa recluido, "lo que constituye de hecho una prisión provisional muy por encima del límite legal", censura la letrada.

Además, desde se que destapó el caso Malaya una administración judicial se hizo cargo de la gestión de los fondos intervenidos y en febrero del 2014 Roca se ofreció al pago y reconoció, expresamente, la facultad de la administración judicial de que vendiera parte de su patrimonio para pagar su condena.

El tribunal accedió atendiendo a la fijación de precios competitivos y sin producir perjuicio al patrimonio de Roca, que el fiscal fijó en su día, superior a los 200.000 millones de euros. Hoy, pasados más de ocho años en prisión (ingresó el 29 de marzo del 2006) se encuentra recluido en Sevilla, una prisión alejada trescientos kilómetros de su familia y sin posibilidad por ahora de al menos un acercamiento a su entorno familiar.