El juez deja en libertad a diez detenidos por el fraude de UGT

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez ha decretado este miércoles la puesta en libertad de diez de los 16 detenidos por el fraude de las facturas falsas la UGT-A, que permanecen no obstante imputados por delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones. Los otros seis arrestados en la segunda fase de la operación Cirene continúan actualmente en dependencias de la Guardia Civil y se espera que mañana mismo pasen a disposición del juez. Entre los que comparecerán en la jornada de mañana se encuentran precisamente el ex tesorero de UGT-A Federico Fresneda, la que fuera directora del departamento de Compras Dolores Sánchez Montaño y María Charpín Osuna, que fue secretaria de Gestión Económica en la Ejecutiva que dirigió en 2009 el entonces secretario general de UGT-A Manuel Pastrana.

Los últimos imputados que han quedado en libertad esta tarde son dos representantes de la empresa de aplicaciones informáticas Siosa, ubicada en Madrid, que han comparecido ante el instructor poco antes de las nueve de la noche.

Con anterioridad, el juez había dejado libres también con cargos a dos mujeres, ambas hermanas, de la empresa Publicar de Madrid, quienes han alegado ante el juez siempre actuaron siguiendo las indicaciones del sindicato a la hora de elaborar las facturas y han reconocido que, de acuerdo con estas instrucciones, “cambiaron conceptos” en algunas de las facturas pero han negado que inflasen los importes de las mismas.

Otro detenido que ha quedado en libertad esta tarde es Miguel Ángel González, representante de la empresa KND de Jaén, que ha ratificado ante el instructor la declaración prestada ante la Guardia Civil. Según fuentes del caso, el interrogatorio de este imputado se centró en las facturas emitidas por esta empresa al sindicato y en cómo se facturaba, pero no se le preguntó expresamente por los cursos de formación realizados.

Esta mañana otros cinco empresarios detenidos en relación con el escándalo de las facturas falsas de UGT quedaron igualmente en libertad, después de que los implicados hayan alegado que en su relación comercial con el sindicato creían que “todo era legal” y siempre actuaron siguiendo las “indicaciones” de la organización sindical. Al término de esta ronda de declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción no solicitó ninguna medida cautelar para estos cinco arrestados, que están imputados por un delito de falsedad y otro contra la Hacienda Pública, en su modalidad de fraude de subvenciones.

En esta segunda fase de la operación Cirene han sido detenidas hasta el momento 16 personas y se han producido siete registros en varias provincias, la última esta misma mañana en Agost (Alicante), donde fueron detenidas las dos últimas personas en la empresa Carpetas Abadías S. L., dedicada a la fabricación de carpetas, bolsos y maletines.

Según han explicado fuentes del caso, los empresarios imputados están coincidiendo en sus declaraciones al afirmar que los “parámetros y las pautas de negocio” siempre las marcaba el sindicato UGT, y han añadido que en su día así lo “acreditarán” a lo largo de la instrucción. De la misma forma, han defendido su convencimiento de que estaban actuando dentro de la “legalidad” y se han mostrado dispuestos a colaborar con la Justicia en la investigación de los hechos.

Los otros cinco imputados que han quedado en libertad con cargos son el dueño de una imprenta de Sevilla que ya había sido puesto en libertad en la tarde de ayer por la propia Guardia Civil, así como el dueño de una empresa dedicada a la arquitectura corporativa, la construcción e ingeniería de edificios. Otro imputado que ha quedado libre es un comercial de la misma empresa, así como el administrador de la agencia Viajes Macarena y el responsable de la empresa Lienzo Gráfico.

Los investigadores sospechan que todos los empresarios detenidos habrían participado en la elaboración de facturas falsas para que el sindicato UGT-A pudiera justificar el cobro de subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a cursos de formación pero que habrían sido utilizadas para fines distintos.

De hecho, la Guardia Civil sostiene que las investigaciones han revelado diversos métodos que habrían sido utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines distintos, en este caso, a una presunta "financiación del propio sindicato", hasta el punto de que esta práctica ilícita sería la vía "más importante en la financiación" de la organización sindical. La Guardia Civil añade que estos procedimientos fueron ejecutados por personal que trabajaba para la UGT-A, que estaba dirigido por el que fuera responsable de Administración y Recursos Humanos, Federico Fresneda, que también fue detenido ayer en Tenerife y que va a ser trasladado en breve a la península.