El ex interventor de la Junta Manuel Gómez Martínez ha asegurado este jueves en su declaración ante la juez Mercedes Alaya que los Consejos de Gobierno del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, tenían conocimiento de las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Junta en la concesión de las ayudas vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Manuel Gómez ha señalado que era “absolutamente impensable” que José Antonio Griñán, en su etapa como consejero de Economía y Hacienda (cargo que ocupó entre 2004 y 2009), no tuviera conocimiento de las conclusiones de los informes de la Intervención, porque se trataba de una “patología presupuestaria muy singular”, aunque ha reconocido que no puede asegurar que supiera los detalles concretos de esos informes.

El interventor ha dibujado ante Alaya un panorama que describe, al menos, tres hitos que avalarían ese supuesto conocimiento por parte de los Consejos de Gobierno de Griñán y Chaves de las deficiencias del sistema que la Intervención denunció en 15 ocasiones. Para empezar, el funcionario ha dicho que existe un acuerdo del Consejo de Gobierno del año 2003 en el que se ordena a la Intervención de la Junta que analice los expedientes de las transferencias de financiación, el sistema implantado para la concesión de las ayudas, porque existía un desfase presupuestario llamativo.

En segundo lugar, la Intervención informó en 2005 de que existía un desfase de 93 millones y eso afectaba al presupuesto general de la Junta, por lo que a juicio del imputado todas las irregularidades eran de notorio conocimiento del Gobierno andaluz.

El tercer elemento que ha aportado Manuel Gómez en su declaración para tratar de acreditar el conocimiento por parte de todo el Consejo de Gobierno de la Junta deriva de que, en su opinión, “se puede presumir” que el Consejo aprobó el sistema de transferencias de financiación que se plasma en el convenio marco firmado en junio de 2001, porque en este órgano aprobaron dicho modelo.

El cambio del sistema realizado en 2010, en el que se introduce el modelo de la Encomienda de Gestión, no mejoró la situación, según el ex interventor, porque seguía sin introducirse la fiscalización previa de las ayudas, con lo que éstas escapaban al control.

El ex interventor ha reconocido que en 2012 se reunió varias veces con la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, para manifestarle su disconformidad y su protesta por las implicaciones políticas en su contra, y en esos encuentros la titular de Economía mantuvo que el sistema de transferencias era correcto.

A lo largo del interrogatorio del funcionario, la propia juez Mercedes Alaya ha dado por sentado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, tuvo “conocimiento” de los informes de la Intervención en los que se apuntaban las deficiencias en el sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales.

La mención a José Antonio Griñán, al que Alaya ha llegado a citar expresamente con nombre y apellidos, se produjo cuando la juez comenzó a preguntar por el informe de la Intervención del año 2005. Previamente, durante la introducción a una pregunta planteada al ex interventor, Alaya llegó a afirmar que “ya sabemos” que el consejero de Economía y Hacienda “tenía conocimiento” de los informes que hacía la Intervención denunciando las irregularidades y deficiencias, según han informado fuentes del caso.

La juez también le ha preguntado a Manuel Gómez sobre si recibió algún tipo de “presión política” para que no hiciera el denominado “informe de actuación”, lo que habría hecho que se elevaran al Consejo de Gobierno las irregularidades detectadas. El interventor negó cualquier tipo de presión, aunque Alaya reaccionó ante esta contestación con un gesto de desaprobación e incredulidad, aunque no llegó a pronunciar ninguna palabra, han añadido las fuentes consultadas.

El funcionario ha defendido que no dio el paso de realizar un informe de actuación porque éste habría tenido el mismo efecto que el informe adicional, por cuanto, en su opinión “habría quedado guardado en un cajón” por parte del consejero del ramo que tuviera bajo su competencia la agencia IDEA sin que él “pudiera haber hecho nada más”.

El ex interventor ha añadido que el artículo 12.5 del decreto 9/1999, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, “no le permitía” hacer el informe de actuación, por cuanto este artículo señala expresamente que se emitirá dicho informe de actuación “en aquellos casos en que se aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos” y, en su opinión, no podía pensarse que hubiese alguien que se estuviera lucrando con las ayudas, por eso no elevó dicho informe.

Algunas fuentes apuntan a que el interrogatorio de Alaya está siendo muy técnico, hasta el punto de que parece un “debate sobre derecho administrativo”, han indicado algunos letrados presentes en la declaración del ex interventor.

El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez ha ratificado al inicio de su declaración ante la juez Mercedes Alaya las acusaciones que realizó contra el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en la carta remitida en noviembre pasado al presidente del Parlamento andaluz, según han confirmado fuentes del caso, que han explicado que la juez le ha imputado formalmente al funcionario dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Nada más comenzar la comparecencia y a preguntas de la instructora, Manuel Gómez ha ratificado tanto sus declaraciones ante la Guardia Civil como la carta que envió en noviembre pasado al presidente del Parlamento y en la que acusaba a Griñán de haber “cebado la corrupción” de los ERE.

La juez Alaya le ha leído la imputación que pesa formalmente contra el funcionario, al que ha atribuido además haber autorizado antes del año 2001 –cuando entró en vigor el convenio marco que regulaba las ayudas sociolaborales bajo investigación- seis modificaciones presupuestarias de la partida vinculada a los ERE. Alaya ha atribuido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al que fuera interventor general de la Junta entre 2000 y 2010.

En la comisión de investigación parlamentaria, Manuel Gómez defendió que el sistema de las transferencias de financiación establecido por la Junta en 2001 para el pago de las ayudas sociolaborales era legal, pero explicó que contó con un marco "débil" en cuanto a los controles. "La transferencia es legal, aunque hayamos dicho reiteradamente que era inadecuada", llegó a afirmar el funcionario, que recordó que fue en el año 2005 cuando la Intervención advirtió por primera vez en un informe de la "inadecuación" del sistema, unos avisos que reiteraron en los años 2006 y 2007.

En aquella comparecencia ante la comisión, Manuel Gómez insistió en que la Intervención de la Junta advirtió de las deficiencias, pero "quien debía tomar decisiones no las tomó". "Lo que resulta irónico es que quien no tomó las decisiones se queje ahora de que no fue advertido", añadió el interventor de la Junta, quien puso como ejemplo un incendio. "Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por el extractor, ¿qué haría? ¿Llamaría a los bomberos para evitar la probable catástrofe o esperaría a que el vecino le confirme la noticia por carta o correo electrónico?", añadió Gómez.

Poco tiempo después de comparecer en la comisión, el ex interventor endureció su discurso e implicó directamente al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. En una carta remitida en noviembre pasado al presidente del Parlamento, Manuel Gracia (PSOE), el ex interventor apuntó directamente a Griñán y a Aguayo de ser responsables de lo ocurrido en el caso de los ERE fraudulentos, porque conociendo "las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo nada hicieron para combatirlas; antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

En esa misiva, Gómez Martínez insistía en que no tenía que haber realizado un informe de actuación y defendía la advertencia que hizo hasta en 15 ocasiones respecto a las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión del programa 31L, conocido popularmente como el fondo de reptiles, y "ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas si hubieran tenido voluntad de hacerlo", añadía la carta remitida al presidente del Parlamento andaluz.