Andalucía

Un juez investiga amenazas de muerte a la magistrada María Núñez Bolaños

  • La instructora de los ERE recibió una carta anónima enviada desde Madrid

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados de Sevilla en una imagen reciente. La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados de Sevilla en una imagen reciente.

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados de Sevilla en una imagen reciente. / antonio pizarro

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Un juzgado de Sevilla ha abierto una investigación para tratar de esclarecer y localizar al autor de una carta anónima enviada desde Madrid a la juez María Núñez Bolaños con amenazas de muerte vinculadas a su labor profesional en la instrucción de las macrocausas, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

La misiva anónima fue recibida en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige María Núñez Bolaños, el pasado 4 de enero. La magistrada se hallaba entonces disfrutando de unos días de vacaciones, pero la correspondencia fue abierta por los funcionarios del juzgado, quienes leyeron el contenido del escrito anónimo. Según las mismas fuentes consultadas, se trata de una carta manuscrita breve, con varias frases que contienen graves amenazas de muerte a la juez María Núñez Bolaños y esas amenazas están relacionadas directamente con su cometido profesional en la instrucción de las macrocausas que se investigan en este juzgado.

Alertados ante el contenido de las amenazas vertidas a la titular del juzgado, los funcionarios pusieron en conocimiento del juzgado de guardia los hechos y, mediante el correspondiente turno de reparto, han sido remitidos al juzgado de Instrucción número 2, que dirige Carlos Mahón.

Nada más recibir la denuncia de los hechos, el juez Carlos Mahón ha acordado la apertura de unas diligencias previas con la finalidad de esclarecer los hechos y proceder en su caso a la localización y detención del presunto autor de las amenazas.

Además, el magistrado ha librado un oficio a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental para que los agentes investiguen la carta anónima manuscrita. La Policía tratará de esta forma de localizar posibles huellas que conduzcan hasta el presunto autor del escrito, y también intentará rastrear la carta, de la que se sabe que fue sellada en Madrid.

Las amenazas a la juez María Núñez Bolaños representan el segundo incidente que afecta a una instructora de las macrocausas en Sevilla, después de que en el año 2013 la juez Mercedes Alaya -la antecesora de Bolaños- fuese increpada e insultada a su llegada a los juzgados por un grupo de personas que protestaban contra la detención de unos sindicalistas en el marco de una operación de la Guardia Civil vinculada al escándalo de los ERE.

Esos incidentes tuvieron lugar el 10 de octubre de 2013 y tan sólo unos días después, el día 16, se acordó una medida de protección para la magistrada, a la que se asignó un servicio de escolta que la acompaña desde entonces.

El Código Penal tipifica como un delito grave las amenazas a un juez, magistrado o miembro de la carrera fiscal. En concreto, el artículo 550 se refiere a los delitos de atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y prevé penas que oscilan entre uno y seis años de prisión, y multa de seis a doce meses.

El mencionado artículo castiga como atentado a los que agredan o "con intimidación grave o violencia", opongan una resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, "o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".

El delito de atentado se castiga con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado es contra la autoridad, y de seis meses a tres años de prisión en los demás casos. En cambio, la pena se agrava de uno a seis años de prisión y multa de hasta doce meses cuando la autoridad contra la que se atenta es un miembro del Gobierno, un juez, magistrado o un fiscal, entre otras autoridades, según el artículo 550.3.

Los hechos que ahora investiga el juez de Instrucción 2 de Sevilla también podrían ser considerados como un delito de amenazas del artículo 169 del Código Penal, que prevé penas de entre los seis meses y los dos años de prisión.

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