Prioridad en la Ley de Dependencia para mayores de 90 y menores de 14

“La respuesta administrativa debe estar ajustada a la esperanza de vida y a la urgencia de los apoyos requeridos”. Este es el principio que rige en la orden firmada por la Consejera de Igualdad, Loles López, para cambiar el sistema de valoración de la Dependencia en Andalucía. Una norma que ya está en vigor y que trae consigo cambios significativos.

La Junta es consciente del retraso en la valoración del grado de dependencia, ahora establecido en 565 días según los datos oficiales del Imserso, y lleva más de un año enfrascada en una renovación completa del sistema. La nueva orden que establece prioridades es un paso más en el cambio de gestión que se inició con nuevos modelos de valoración que ahora se realizan en una única visita. Desde la consejería destacan que sus esfuerzos van, poco a poco, teniendo resultados. Cada mes se va reduciendo el plazo de espera, una media de cinco días desde hace más de seis meses y sin fluctuaciones, siempre en sentido descendente.

La nueva norma establece como preferentes en la tramitación los expedientes que afectan a los menores de 14 años para que la atención pueda ser proporcional al desarrollo físico, emocional y educativo de los afectados y evitar que las patologías se cronifiquen. Hay que tener en cuenta que el baremo de valoración de la Dependencia se aplica a partir de los tres años. Para los menores hay otra novedad ya que hasta los 18 años se revisará de oficio la valoración de cada caso.

Los mayores de 90 años también tendrán una tramitación preferente por evidentes razones como la esperanza de vida o la alta demanda de este servicio entre las personas nonagenarias.

Enfermedades

Pero no sólo se priorizan las personas por edad sino también por patologías. A partir de ahora tienen preferencia en la tramitación y valoración de su grado de dependencia quienes padezcan ELA o enfermedades de alta complejidad y curso irreversible como la Esclerosis Lateral Amniotrófica.

Se incluyen aquí también a los andaluces que estén recibiendo cuidados paliativos, “el sistema público de servicios sociales debe asegurar que las personas en situación de dependencia con enfermedad terminal puedan ser acompañadas en el final de la vida con el catálogo de recursos activado a tiempo”.

Colectivos vulnerables

Las personas con discapacidad que hayan cumplido penas de privación de libertad y hayan tenido recursos de atención en los centros penitenciarios también serán preferentes. La Consejería de Igualdad entiende que, en el momento de la excarcelación, estas personas pueden carecer de apoyos familiares, de vivienda o de recursos económicos, siendo además, frecuente que su situación funcional o psicológica haya empeorado durante el período de privación de libertad.

En una situación similar están los menores tutelados por la Junta cuando alcanzan su mayoría de edad. Este momento crítico exige medidas de transición bien planificadas que eviten la ruptura de los apoyos recibidos durante su minoría de edad. La falta de continuidad asistencial puede dar lugares a retrocesos funcionales y a nuevas situaciones de desprotección, que es precisamente lo que las políticas públicas deben prevenir.

Serán también de tramitación preferente las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia o de asignación de prestaciones a personas con discapacidad y dependencia reconocida que finalizan su formación en centros docentes de educación especial. La orden de la Junta refleja que las familias que asumen el cuidado de estos jóvenes suelen presentar altas cargas emocionales, físicas y económicas, por lo que la dilación en la resolución de las solicitudes “puede generar sobrecargas insostenibles, estrés crónico y desprotección familiar”. En estos casos, la norma de la administración recomienda una planificación y una anticipación técnica y administrativa.

El mayor sistema de España con 319.436 beneficiarios

La gestión del sistema de la Dependencia en Andalucía está rodeada de polémica. Los grupos de la oposición, empezando por el PSOE y Por Andalucía, censuran reiteradamente la gestión del Gobierno andaluz y la Junta responde detallando la complejidad de un sistema que es el mayor de España. Los datos son concluyentes. En Andalucía hay 319.436 beneficiarios, muy por encima de la siguiente comunidad, Cataluña, que tiene 279.926 beneficiarios. Y se abonan un total de 459.364 prestaciones (en Cataluña 299.454). Los andaluces registran el 19% de las solicitudes de la prestación por la Ley de Dependencia de toda España. Y, según los datos oficiales del Imserso en el mes de agosto, fallecieron 3.099 personas esperando a la resolución de su valoración del grado de Dependencia.