El tribunal cita a declarar la próxima semana a otros seis testigos de IDEA

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE, ha citado para la próxima semana a otros seis testigos, en su mayoría antiguos responsables de la agencia IDEA, aunque también comparecerá una funcionaria de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo.

Para el próximo lunes, el tribunal ha citado a declarar a José Vicente Ávila Quintana, que fue jefe de los servicios jurídicos de la agencia IDEA, que comparecerá a las diez de la mañana, mientras que a las 12:30 lo hará el ex director del IFA Antonio Lara Revilla, según recoge una providencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Al día siguiente, el martes día 8, han sido citados el ex secretario general de Administración y Finanzas de IDEA Francisco José Oyonarte Molina y el ex secretario general del IFA Miguel Lucena Barranquero.

Por último, el miércoles comparecerán Silvia Patricia Cortés Ruiz, funcionaria de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, que ha sido citada a las diez de la mañana, y para la sesión de tarde, a partir de las cuatro, comparecerá María de la Palma Muñoz, que fue jefa de la asesoría jurídica de IDEA.

El IFA/IDEA actuaba como caja pagadora de las ayudas sociolaborales y a empresas a través de las transferencias de financiación que recibía de la Consejería de Empleo, un instrumento que la intervención consideró que no era adecuado para el pago de las ayudas porque eludía la fiscalización previa.

De los 150 testigos que deben comparecer en el juicio, todavía quedan muchos por rendir testimonio ante el tribunal, dado que hasta ahora sólo lo han hecho cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y otros dos testigos, por lo que la prueba testifical está avanzado con cuentagotas y el juicio, que está fijado en principio hasta finales de noviembre, puede eternizarse.

El retraso en los interrogatorios se debe fundamentalmente al número de partes representadas en el juicio, dado que a la Fiscalía y a las dos acusaciones particulares del PP y Manos Limpias, hay que sumar los abogados defensores de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo, con lo que cada testigo debe someterse a las preguntas que quieran hacerle cada una de las partes.

De hecho, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, hizo un llamamiento recientemente a todas las partes para que el proceso no se alargue, solicitándoles expresamente que no hagan preguntas "prescindibles" durante el interrogatorio de los testigos.