Expedientados tres funcionarios por no 'alterar' unas oposiciones

La delegada del Gobierno andaluz en Sevilla, Carmen Tovar, ha requerido al alcalde de Morón de la Frontera, Manuel Morilla (PP), para que anule los expedientes y la suspensión de empleo a tres funcionarios municipales que se negaron a "alterar" las calificaciones de un concurso-oposición de cuyo tribunal de oposición formaban parte los ahora expedientados.

Los hechos se remontan al concurso que se inició, con un primer ejercicio, el pasado 8 de febrero para la cobertura por promoción interna de cinco plazas de administrativo en el Ayuntamiento moronense. Dos aspirantes fueron declarados "no aptos", pero en el listado que se publicó al día siguiente uno aparecía como aprobado. Ante las discrepancias existentes entre lo que acordó el tribunal y el listado publicado, se acordó la suspensión del segundo ejercicio, y varios días después fueron recusados tres miembros del tribunal.

Los funcionarios se opusieron a la recusación y el Ayuntamiento, con fecha 26 de marzo, acordó la apertura de los expedientes disciplinarios, al entender que las opiniones que vertían en sus escritos de oposición a la recusación podrían ser sonsideradas como faltas graves o muy graves.

Los miembros del tribunal trasladaron lo ocurrido a la delegación del Gobierno andaluz, cuyo servicio de Administración Local detectó "irregularidades" en el proceso: "coacciones y amenazas" a los miembros del tribunal, que recibieron "distintas presiones" para que modificaran el resultado de las pruebas y resultaran aprobados cinco de los seis aspirantes.

La delegación también considera que los procedimientos de recusación de los funcionarios no se han ajustado a derecho, puesto que hay "vicios de nulidad" de los que se deriva una "clara intencionalidad" de "eliminar a los miembros de los tribunales que pudieran dificultar la predeterminación de los procesos selectivos.

El escrito remitido por la delegada concluye que la apertura de los expedientes disciplinarios resulta "cuan menos grotesca, pues se fundamenta únicamente en las presuntas injurias o calumnias realizadas por los afectados en sus escritos de oposición a la recusación" y añade que en esos documentos no se aprecia "la más mínima ofensa a cualquier miembro de la corporación". La suspensión de los funcionarios es "totalmente arbitraria e injusta, incluso puede considerarse temeraria", señala Carmen Tovar, que advierte al alcalde que en caso de que se hubiese adoptado de forma consciente podría constituir un delito de prevaricación. El requerimiento advierte al alcalde que, de no anular los expedientes, podría dar lugar a posibles responsabilidades penales.