Noga supo en 40 minutos que Sando ganaría los terrenos de Mercasevilla

En menos de 40 minutos ya se conoció que Sando ganaría el concurso para adjudicarse el derecho de opción de compra de los terrenos de Mercasevilla. Un delegado comercial del grupo Noga, Antonio Barba, aseguró ayer a la juez que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso que unos 15 y 30 minutos después de la apertura de las plicas con las ofertas varios integrantes de la mesa de contratación comenzaron a hacer diversos comentarios respecto a que "en principio parecía que se iba a adjudicar el concurso a Sando".

Antonio Barba, que declaró como testigo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, explicó que en 20 años de experiencia profesional ha asistido en muchas ocasiones a la apertura de plicas en concursos públicos y "no ha presenciado que al poco tiempo de la apertura, como ocurrió en este caso, ya hubiera una oferta inicialmente ganadora".

En ese momento, según el testigo, se conoció que Sanma, la filial de Sando, ganaría con el concurso pero también "se hizo el comentario de que Noga quedaba excluida porque superaba la media aritmética en un tanto por ciento". Tras conocer las ofertas y que la constructora malagueña iba a hacerse con los suelos, Antonio Barba se marchó dejando la mesa constituida y se lo comunicó al secretario general de Noga, José Ramón Lacasa.

El delegado comercial de la empresa indicó que no tiene constancia de que Noga "haya recurrido ningún concurso", aunque precisó que a lo largo de su trayectoria profesional ha asistido a otros concursos de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa) en los que Noga ha quedado fuera porque su oferta "ha sido desproporcionada". Según Barba, en el acto de apertura de las plicas "no percibió nada extraños obre que su empresa fuera excluida intencionadamente" y tampoco ha recibido ninguna comunicación de Noga respecto a que se haya producido una "adjudicación fraudulenta".

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, sostiene que la adjudicación a la constructora malagueña fue "ilegal" y "fraudulenta" porque se introdujeron varias cláusulas -la del alza temeraria y de titularidad previa de los terrenos- que favorecieron "claramente" a Sando.

La magistrada tomó ayer declaración a un segundo testigo, Antonio Pajares, un profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla al que se encargó la realización de una fórmula para valorar la cláusula que penalizaba aquellas ofertas que superaran en un 10% la media aritmética del total de propuestas. El testigo reconoció que fue él mismo quien interpretó que las ofertas que superara ese porcentaje "serían rechazadas", ya que "entendió que al llevar el calificativo de desproporcionadas no debían de ser puntuadas".

El profesor insistió en que se trató de una "interpretación personal, que no consultó con nadie" y llegó a admitir que "es cierto que se podría haber utilizado otra fórmula más ecuánime que la que usó y que hubiese evitado esos resultados". La juez que instruye el caso tildó de "disparate económico", "desproporcionada" y "absurda" las circunstancias que rodearon la valoración de las ofertas por las que se adjudicó a Sando el concurso público. Así, la magistrada preguntó si no es un disparate económico y absurdo que, según ese criterio, obtengan la misma puntuación una oferta que es un 9% por debajo de la media y otra que la supere en un 9%.

El testigo añadió que no es un experto en la materia y señaló que era la primera vez que realizaba una fórmula de baremación.