La Fiscalía le reclama una condena de tres años de cárcel y 3,6 millones de indemnización · Según la acusación pública, Lopera “aprovechó las favorables circunstancias económicas para perpetuarse al frente” del club y planificar “arbitrariamente” el futuro de la entidad como “otra sociedad más de su grupo familiar”La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha fijado el 18 de abril de 2017 como fecha de inicio del juicio contra el ex mandatario del Real Betis Manuel Ruis de Lopera, que se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía de tres años de cárcel, así como al pago de una multa de 2.700 euros y otros 3,6 millones de euros de indemnización. Habrá 24 sesiones de juicio entre los meses de abril y octubre del año próximo.

El tribunal ha fijado el arranque de la vista oral para el 18 de abril, día en que tendrá lugar el planteamiento de las posibles cuestiones previas, y después de ese día la vista oral no se retomaría hasta el 5 de junio con la declaración del ex mandatario del Real Betis. Las sesiones continuarán los días 6, 8, 12, 13, 19, 20 y 22 de junio; mientras que en julio habrá sesiones los días 10, 11 y 13; y en septiembre los días 4, 5, 7, 11, 12, 14, 19 y 26; y seguirá en octubre los días 3, 10, 17 y 31, en que quedaría visto para sentencia.

El tribunal prevé que la declaración de los peritos de Hacienda, pieza clave de la acusación, se prolongará durante cuatro o cinco días.

La Fiscalía sólo acusa a cuatro de los ocho procesados, en concreto a Lopera, a Guillermo Molina –“perito mercantil e íntimo colaborador”-, a María Mercedes Ferrero y María Teresa González –ambas administradoras de Tegasa-, mientras que deja fuera a otros cuatro investigados, entre ellos el ex consejero delegado Luis Oliver y dos sobrinos de Lopera. El Ministerio Público plantea como alternativa que Lopera sea condenado por un delito continuado de administración desleal a dos años de cárcel.

La Fiscalía solicita además el pago conjunta y solidariamente al Real Betis con otro acusado, Guillermo Molina, de 591.017,41 euros, en concepto de indemnización, y subsidiariamente al pago de dicha cantidad a la entidad Tegasa; y también que pague al Real Betis otros 3.078.742,84 euros, cantidad de la que deben responder solidariamente como “cómplices” María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro. La Fiscalía pide también que se condene a Encadesa al pago de esta segunda cantidad de manera solidaria con los dos primeros acusados, y a la entidad Farusa solidariamente por las cantidades de 450.759,08 y 592.593,93 euros, y a Frigimueble solidariamente en 90.151,82 euros.

En el escrito de conclusiones, la Fiscalía aprecia una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, por el tiempo transcurrido desde que se inició la investigación en el año 2008 por la juez Mercedes Alaya, si bien el Ministerio Público mostró su “satisfacción por la celeridad en la tramitación de la presente fase procesal por parte de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por cuanto permitirá acordar en un plazo razonable el juicio oral en un caso de tanta trascendencia para esta ciudad”.

La Fiscalía expone en su escrito las “discrepancias sobre la cuantía objeto de la acusación” –Alaya reclamó una fianza de 33 millones después de que los peritos cifraran los perjuicios al Betis en 25 millones-, y lo justifica en la “divergencia en la consideración de ciertos gastos efectuados de forma efectiva en beneficio de la actividad deportiva”. Así, el Ministerio Público sostiene que Tegasa, otra de las empresas de Lopera, “afrontó mayores gastos que los comprendidos en la pericial”, entre los que se incluyen gastos de viajes de varias temporadas, gatos de personal, publicidad y relaciones públicas, o los derechos de imagen del juzgador Iván Pérez Muñoz y un préstamo a Serra Ferrer. Dice la Fiscalía que hubo una aplicación por Tegasa de recursos económicos “en beneficio de la actividad deportiva del Real Betis” ascendentes a 18 millones de euros.

Entre 1993 y 1999 la gestión realizada por Tegasa no fue cuestionada, ya que las cuentas anuales auditadas fueron aprobadas en las juntas generales de accionistas en todas las temporadas y además “no existen impugnaciones de los acuerdos adoptados o reclamaciones por impedimento y obstrucción del ejercicio del derecho de información a los accionistas”.

La Fiscalía considera, no obstante, que Lopera firmaba los contratos a partir de 1996 en representación del Real Betis en su calidad de consejero delegado, “a pesar de su vinculación personal y patrimonial con Tegasa y Farusa”, por lo que “tenía el deber y la obligación de ser el más celoso gestos de los intereses del club”. El Ministerio Público entiende que el ex mandatario bético “aprovechó las favorables circunstancias económicas para perpetuarse al frente del mismo, disponiendo y planificando arbitrariamente el futuro a corto y medio plazo del Real Betis para que siguiera bajo su gestión y extralimitándose en sus funciones, sin informar ni contar con la aquiescencia del Consejo de Administración” y “organizó la sucesión de Tegasa en la gestión de los recursos y fondos del Real Betis, sustituyéndola por una sociedad creada ad hoc para ello denominada Encaje del Deporte Sociedad Anónima (Encadesa)”.

La Fiscalía señala que no hubo convocatoria ni reunión del Consejo de Administración del Betis para “informar y aprobar” los contratos con Tegasa y Encadesa, “ni acuerdo o pronunciamiento alguno en tal sentido del Consejo, al que se hurtó la posibilidad de toda intervención, supervisión o modificación de los mismos”.La firma de los contratos es “utilizada por el acusado Manuel Ruiz de Lopera, con la colaboración de los Administradores de hecho y de derecho acusados Guillermo Molina Pérez y María Teresa González Martínez, para beneficiar económicamente a Tegasa y Encadesa en detrimento del club, con cesión a las mismas y a otras entidades de su grupo familiar de derechos o fondos del mismo carentes de justificación”, entre ellos la cesión a Tegasa del 10% de los beneficios que el contrato genere a Encadesa.

Según la Fiscalía, la gestión de los derechos de imagen y la deriva de los derechos de patrocinio de los jugadores han generado “unos beneficios a Tegasa de 591.017,41 euros hasta la finalización de las relaciones en el 2008, no constando su liquidación al Real Betis”.

La gestión de los recursos de la actividad deportiva realizada por Encadesa originó entre las temporadas 99/2000 y 2007/08 unos ingresos para el Real Betis que ascendieron a 269 millones de euros, liquidando al club un total de 181 millones y constituyendo la diferencia -87 millones- los ingresos de Encadesa conforme a los contratos, pero Encadesa afrontó otros gastos por importe de 1,2 millones, con lo que el “resultado beneficioso por explotación del contrato en estas temporadas para Encadesa” asciende a 10 millones, pero sumando otros cuatro millones de “disponibilidades líquidas”, la Fiscalía concluye que los beneficios para Encadesa durante los 9 años de gestión de los recursos económicos del Real Betis es de 14,8 millones. Encadesa se comprometió a devolver al club hasta un 90% a la finalización de sus relaciones, y consta una liquidación a favor del Betis por 7,4 millones, lo que supone aún unos beneficios de Encadesa “no reconocidos ni devueltos al Real Betis” de 7,4 millones, aunque a esa cantidad hay que reducir 1,6 millones de regularización de las liquidaciones efectuadas.

La Fiscalía concluye que para Encadesa la explotación del contrato de gestión de los recursos de la actividad deportiva del Real Betis “habría sido beneficiosa en 6.418.531,16 euros, no reconocidos ni devueltos al club tras la liquidación”, pero si se tienen en cuenta los gastos no contemplados por la pericial, esa cifra se reduce finalmente a 3.078.742,84 euros, cantidad cuya indemnización reclama el Ministerio Público.

La gestión por Tegasa se prolongó durante seis temporadas (entre la 93-94 y la 98-99), y luego continuó por Encadesa, otra sociedad de Lopera, durante las ocho temporadas siguientes. Los peritos cifraron en 24,9 millones lo perjuicios causados al Betis por esta actuación de Lopera, entre los que se incluyen los 18,6 millones de beneficios que obtuvieron Tegasa y Encadesa y que los peritos consideran que se traducen en perjuicios para el Betis, ya que se clasifican como "innecesarios o no afectos durante los ejercicios 93-94 a 07-08".

La defensa pide la absolución porque no se enriqueció con el Betis

Frente al escrito de la Fiscalía, la defensa de Lopera, que ejerce la letrada Encarnación Molina, socia del bufete Montero-Aramburu, ha solicitado su libre absolución por los delitos relacionados en torno a su gestión en el club, al estimar que no ha cometido ningún delito porque "ni se ha extralimitado en sus funciones, ni ha realizado actuaciones en detrimento económico del Real Betis y no le ha provocado perjuicio alguno". La defensa pide que se condene a las acusaciones particulares al pago de las costas causadas por dirigir la acusación contra su cliente "a sabiendas de su temeridad y mala fe". La defensa concluye que el ex mandatario bético no ha incumplido sus "deberes de diligencia" y "no ha existido disposición, apropiación ni apoderamiento de fondos de la entidad deportiva, ni se ha producido enriquecimiento o beneficio alguno" para Lopera y su entorno familiar.

Las conclusiones de la representación jurídica de Lopera recuerdan que la situación económica del Betis en los momentos previos a su conversión en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) era “crítica”, una circunstancia pública y notoria, dado que arrastraba una deuda de 2.900 millones de las antiguas pesetas e incluso tenía percibida de Proinsur 300 millones como entrega a cuenta por la venta de los terrenos del estadio.Dice la defensa que el plan de saneamiento aprobado por las autoridades deportivas sólo vino a paliar “parcial y temporalmente” la situación y ello fue posible "gracias a las garantías prestadas por Lopera y su familia, gravando con hipotecas fincas propiedad de Farusa y de otras sociedades del grupo de empresas familiar". Además de que la llegada de Lopera al órgano de gobierno del club se produjo a petición de la entidad.

A la vista de la situación del club, Lopera "decidió implantar el modelo de gestión a través de una entidad instrumental, que habría de ser Tegasa, luego continuada por Encadesa, sociedades que nunca tendrían otro objeto y actividad que la de servir a los intereses del Real Betis, procurando su estabilidad económica, objetivo final de los contratos de arrendamiento que obran en la causa". La defensa explica que un informe pericial (elaborado por Garrido Riosalido) se destacan y evidencian las "ventajas económicas de esta forma de actuar desde el punto de vista de los intereses del Real Betis", entre las que la letrada destaca la protección del patrimonio de la sociedad deportiva contra acciones patrimoniales de terceros y la mejora de la posición negociadora en las relaciones contractuales con los jugadores de fútbol y ahorro de costes laborales -el informe pericial cuantifica estos ahorros en 18,95 millones de euros-, o el ahorro de costes fiscales por la disgregación de las retribuciones de los futbolistas en contratos federativos y contratos de derechos de imagen. "Se trata de un modelo que ha tenido una amplia implantación en el fútbol español, y que requería de la existencia de una entidad pagadora de los derechos de imagen distinta de la que ostentaba los derechos federativos", precisa la defensa, que concluye que la "efectividad de estos ahorros está probada en la causa".