El Banco de España descarta necesidades adicionales de capital

El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, destacó ayer que ninguna entidad española tiene que incrementar su capital como consecuencia de los resultados de las pruebas de solvencia. Con las provisiones que la Autoridad Bancaria Europea (EBA en sus siglas en inglés) no ha tenido en cuenta, las cinco entidades suspendidas solventarían las aportaciones adicionales de capital de 1.564 millones de euros que la EBA estima necesarias para alcanzar el ratio de capital core tier 1 del 5% exigido. En concreto, la Autoridad establecía que la CAM necesita 947 millones; Banco Pastor, 317; Caja3, 140 millones de euros; Catalunyacaixa, 75, y Unnim, 85 millones.

Fernández Ordóñez subrayó que la EBA no ha tenido en cuenta las provisiones por "criterios de homogeneización entre países", una decisión "que no considero correcta pero que comprendo porque ha sido un proceso enormemente difícil". "Lo que nos importa más es que al final las provisiones están ahí (...). En cuanto se pase el momento inicial de ver quién ha suspendido, entrarán los analistas y verán de verdad cómo están las entidades", afirmó.

El gobernador señaló que la normativa de recapitalización de entidades aprobada a principios de año ha permitido el saneamiento de los balances, la integración de entidades y la mejora de la gobernanza de las entidades. Asimismo, añadió que las pruebas de solvencia han supuesto un ejercicio de transparencia, aunque "no son el único elemento para valorar la solvencia de las entidades".

En este sentido, señaló que la viabilidad de las entidades depende también de otros elementos, como la posición de liquidez y la capacidad de captar financiación en los mercados, los sistemas de control interno, la rentabilidad, la eficiencia y el modelo de negocio. "Los stress test son un complemento de la estrategia española de reestructuración de su sistema bancario", aseveró.

También se pronunció sobre el asunto económico del día la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, quien calificó como "excelentes" unos resultados que "muestran la solidez del sistema financiero español". Salgado admitió, en línea con el argumento de Fernández Ordóñez, que las hipótesis "particularmente duras" a las que se ha sometido a las entidades financieras marcaron un resultado que podría haber sido óptimo: ninguna de ellas habría suspendido las pruebas si se hubieran contabilizado las provisiones genéricas que no ha reconocido la EBA.

Las provisiones genéricas y convertibles suponen, según los cálculos del Banco de España, un total de 17.572 millones de euros y 9.163 millones de euros, respectivamente, para el conjunto del sector.