El Gobierno estima que su nueva 'paga' beneficiará a 300.000 parados

Quienes no reciban ningún tipo de prestación o subsidio podrán cobrar 420 euros al mes durante medio año · Los beneficiarios deberán comprometerse a participar en cursos de formación

Celestino Corbaho, con el consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández.
Celestino Corbaho, con el consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández.
Gabriela De Paz / Madrid

13 de agosto 2009 - 05:02

Al mal tiempo, buena cara. Hasta 300.000 personas se beneficiarán de la ayuda a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo y no dispongan de ingresos, afirmó ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien anunció que la medida entrará en vigor a mediados de este mes con efectos retroactivos desde el 1 de agosto. La medida será aprobada hoy en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

La ayuda, pensada para seis meses, podría alargarse si las condiciones económicas lo exigen. El ministro de Trabajo reconoció que al Gobierno le queda cada vez menos margen para tomar medidas si repunta el desempleo, "como es lógico y natural", y recordó que "hace un año había una situación financiera mucho mejor". Corbacho subrayó que los desempleados que hayan agotado prestaciones y subsidios y no tengan rentas podrán recibir esa ayuda, de 420 euros mensuales. De esta forma, se evitará que "queden desamparados desde el punto de vista de la protección social". Los que perciban esta renta deberán asumir el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad de participar en un itinerario de formación y empleo.

La aprobación de esta medida supone el cumplimiento del anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, poco después de la ruptura del diálogo social. El objetivo no es "crear un subsidio, sino dar una renta de protección para que las personas que la reciban tenga acceso a una formación y puedan volver al empleo lo antes posible", matizó Corbacho. El Gobierno tiene previsto mantener esta ayuda más allá de medio año, aunque cada perceptor podrá recibirla durante un máximo de seis meses. La permanencia de esta ayuda estará condicionada a la evolución del paro y de las condiciones económicas.

"Parece razonable mantenerlo si la crisis no se acaba en seis meses o si empieza a ser superada pero permanecen sus efectos sobre el empleo, que suele ir un poco más lento. Por lo tanto, seis meses para las personas, que no para el programa", señaló el ministro. La norma que aprobará el Consejo de Ministros habilita al Gobierno para prorrogar este programa de ayudas si los índices de coyuntura económica siguen siendo negativos. El real decreto que regulará esta ayuda entrará en vigor "a partir del 14 de agosto", aunque Corbacho puntualizó que tendrá efectos retroactivos desde primeros de mes.

El coste de esta ayuda superará los 400 millones de euros, que se financiarán directamente con cargo al Servicio Público de Empleo y a los Presupuestos Generales del Estado.

Celestino Corbacho reconoció que los márgenes de maniobra del Ejecutivo para tomar nuevas medidas en caso de que el paro vuelva a subir son cada vez menores, "como es natural y lógico". En todo caso, insistió en que el Gobierno todavía tiene capacidad de reacción, aunque ésta sea menor a la de hace un año, según dijo, cuando el Estado disfrutaba de superávit y la deuda pública representaba la mitad de la media europea.

"Es verdad que hace un año había una situación financiera mucho mejor y, por tanto, más margen de maniobra (...). En las nuevas medidas, deberemos partir de la base de que se adoptan, no ya sobre una situación de superávit sino de déficit, y no ya sobre una situación del 30% de deuda, sino superior", advirtió.

Corbacho recordó que, al igual que se ha hecho en otros países, muchas medidas que se han ido adoptando son coyunturales, por lo que una vez finalizadas, lo invertido en ellas podrá dedicarse a dar una respuesta nueva a otra coyuntura o circunstancia del momento. El ministro puso como ejemplo las ayudas al automóvil.

"Llegará un día, cuando el sector del automóvil se recupere y alcance una cierta normalidad, en que no será razonable que de los impuestos de los ciudadanos demos una parte a otros ciudadanos para que se compren un coche", reflexionó el ministro, quien aseguró que esa ayuda es algo que todo el mundo entiende que se haga en este momento de crisis para impulsar esta industria.

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