El Consejo de Ministros aprobó ayer el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para dar a la gran industria un marco normativo e instrumentos que ofrezcan “una mayor estabilidad, seguridad y certidumbre” sobre el precio de la energía, indicó la ministra portavoz, María Jesús Montero.

El estatuto, que llega casi dos años después de que se iniciaran los trabajos para su desarrollo y tras haber sido una reclamación permanente de la gran industria electrointensiva para abaratar el precio de la energía, beneficiará a más 612 empresas de más de 60 actividades industriales como acero, cerámica, textil, cemento, química o papel, entre otros.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero destacó que este estatuto se trata de un modelo “equivalente” al de otros países de la Unión Europea y subrayó que, junto con otras medidas como las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, “supone un apoyo permanente para la gran industria”. Asimismo, destacó que con estas medidas se da el apoyo a la industria para “mitigar los efectos adversos de los altos costes energéticos que tienen y reducir de alguna manera la factura eléctrica”.

El estatuto va a beneficiar a 612 empresas de más de 60 actividades industriales y unos 300.000 trabajadores de estas industrias, y supondrá “un nuevo marco legal al servicio de la gran industria”. Para tener la condición de consumidor electrointensivo el estatuto impone obligaciones y compromisos a las empresas en los ámbitos de eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, que deberán cumplirse para optar a los mecanismos para la reducción de los costes energéticos.