El Gobierno traslada a la Fiscalía toda la información sobre Volkswagen

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró ayer que su Ministerio ha facilitado "desde el primer momento" información a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el caso de la alemana Volkswagen. Recordemos que el pasado lunes la Fiscalía pidió al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que investigue las denuncias sobre el caso.

Por otro lado, aseguró que el grupo automovilístico todavía no ha enviado la documentación técnica "suficiente" que confirme que el software que usaba para manipular las emisiones tenga que ver sólo con los óxidos de nitrógeno (NOx) y no con el dióxido de carbono (CO2), que es lo que se mide para la concesión de ayudas como las recogidas en el Plan PIVE.

En este sentido, señaló que desde el Ministerio están esperando a recibir la información por parte de la compañía y señaló que, en el momento en que la tengan, pasará a ser estudiada por parte de los técnicos.

Por su lado, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, mostró su confianza en Volkswagen y destacó la "relación fluida" que mantiene su Ejecutivo con la empresa alemana.

"Hemos acertado al hacer la comunicación como elemento de solventar la crisis", aseguró en un desayuno informativo organizado por Europa Press, insistiendo en que esa buena relación entre el Gobierno Foral y la empresa es un "acierto".

Por otro lado, el fabricante automovilístico alemán ha suspendido a Frank Tuch, jefe de Control de Calidad del grupo, tras el escándalo del fraude en las emisiones de gases contaminantes. Las investigaciones de la empresa siguen centrándose en un grupo de ejecutivos del rango más alto directamente involucrados en la supervisión del desarrollo, la producción y el control de calidad del motor diésel.

Tuch no trabajaba para Volkswagen en 2008, cuando se cree que los directivos de la compañía decidieron crear e instalar el dispositivo que falseaba las emisiones de gases de los motores diésel. Pero los investigadores también se centran en los empleados que podrían haber tenido conocimiento de la existencia de dicho dispositivo y no informaron sobre el mismo.