El sector agrario andaluz parará su actividad el próximo 25 de febrero y se manifestará ese día en una gran tractorada en Sevilla para protestar por la grave crisis que, a juicio de los convocantes, está poniendo al límite a los agricultores y ganaderos de la región. Citan, entre otras cuestiones,  los bajos precios a los que venden sus productos, la subida de los costes de producción, las novedades sobre cuestiones laborales (como la subida del salario mínimo y la reforma laboral que obliga a hacer fijos discontinuos a buena parte de los jornaleros), la competencia desleal de países terceros (con una normativa más laxa sobre medio ambiente y producción), la reforma de la PAC (que, calculan, supondrá pérdidas de 450 millones para el campo andaluz hasta 2027) y una sequía severa "que asfixia a muchas explotaciones agrarias desde hace varios años".

La convocatoria se anticipa a la que se ha convocado a nivel nacional para el 20 de marzo (por motivos parecidos, aunque sin el componente específicamente andaluz de la PAC) y está promovida por Asaja, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía. En estas organizaciones están agrupados la mayor parte de los productores y cooperativistas andaluces, pero hay una asociación que vuelve a desmarcarse de la unidad de acción. UPA no secunda esta protesta. Desde que asumiera Cristóbal Cano la secretaría general de esta organización en Andalucía, ésta ha seguido un camino propio, sumándose en ocasiones a la unidad de acción (ha sucedido con las manifestaciones provinciales previas a esta convocatoria, la última el pasado 4 de febrero en Sevilla) y en otras no. Tras la convocatoria, esta organización agraria emitió un comunicado en el que se adhería a la manifestación nacional del 20 de marzo y dejó entrever que no asistirá a la protesta andaluza por tener una visión diferente sobre la reforma de la PAC. Según su secretario general, Cristóbal Cano, "no se puede decir que Andalucía o cualquier provincia pierde en líneas generales" y "si los que van a perder son aquellos expedientes que más dinero público perciben, en beneficio de quienes cobran menos, pues entendemos que se defenderá a la agricultura familiar y profesional".

La manifestación -que tendrá forma de tractorada- saldrá a las 10:00 desde el Estadio Benito Villamarín y terminará en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en la Plaza España, con una duración de tres horas. Será la tercera vez, desde que el campo saliera a la calle para protestar por su situación a finales de 2019, que los tractores entren en la capital sevillana, lo que previsiblemente causará problemas de tráfico, ya que ocuparán la Avenida de la Palmera, una de las principales arterias de la ciudad. El pasado 15 de abril y 14 de octubre ya hubo sendas manifestaciones (esas veces apoyadas por la UPA) con exactamente el mismo recorrido, pero no fueron acompañadas de paro patronal y se ceñían solo a la reforma de la PAC. El impacto de la manifestación que se convoca ahora será previsiblemente mucho mayor, porque los agricultores han solicitado la presencia de un gran número de tractores en las calles sevillanas. En las anteriores no fue así: el 15 de abril hubo una representación simbólica y en la del 14 de octubre únicamente coches.

Fuentes del sector informan que antes de la gran manifestación de Sevilla habrá otras acciones de protesta en las provincias –que continuarán a las que se vienen sucediendo desde el año pasado– y antes de la concentración en Madrid también habrá acciones como cortes de carretera.

A nivel provincial -no andaluz-  los productores ya marcharon el pasado 4 de febrero en el kilómetro 53 de la AP-4, a la altura de la localidad sevillana de El Cuervo, y ya hubo problemas en el tránsito de los vehículos que circulaban ente Cádiz y Sevilla.

Y justo hace dos años de la fecha de la convocatoria, el 25 de febrero de 2020, los agricultores sevillanos protestaron en cuatro de las cinco principales vías de la provincia, sin llegar en ningún caso a la capital y sin que hubiera problemas especiales de tráfico. Las cortes, además, se produjeron entre las 11:00 y las 14:00, por lo que se evitó la hora punta de tráfico, y algo parecido ocurrió en la manifestación del pasado 4 de febrero. Las organizaciones convocantes no especifican aún el horario de la marcha del próximo 25 de febrero.

En la nota en la que anuncian la convocatoria, Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía exigen que la problemática del campo "sea abordada con la magnitud que se merece, como un problema de Estado y de manera transversal por parte del Gobierno, con la obligada implicación de la Junta de Andalucía, y que se tomen medidas urgentes que garanticen precios justos en origen, ayudas por la inasumible subida de los costes de producción, control exhaustivo de las importaciones de terceros países, corrección del Plan Estratégico de la PAC que machaca al sector agrario andaluz, y una política hídrica real y consensuada, acompañada de ayudas e inversiones, que permitan paliar los nefastos efectos de la sequía".

A continuación, las organizaciones repasan algunos de los temas que los llevan a salir a la calle, como los costes de producción. "Los piensos para el ganado se han encarecido un 30% en el último año. También son más caras las semillas (+20%); los abonos (+150%); el agua (+33%) o los plásticos que se utilizan en los cultivos de invernadero (+46%). Pero las subidas más espectaculares son las que afectan al gasóleo que usan los tractores (+73%) y a la energía eléctrica (+270%)". También aluden a los costes salariales. "El SMI ha subido un 29,7% en los últimos tres años y con la nueva propuesta de subida se va a un 35,89% de incremento".

Las asociaciones se quejan de que ese incremento de costes no repercute en el precio que se paga a los agricultores por su producto, mientras "sigue encareciéndose la cesta de la compra para los consumidores". Además, añaden, "llegan a nuestros mercados productos importados de terceros países que no cumplen con los requisitos exigidos en la Unión Europea, ni en calidad ni en seguridad alimentaria ni en su proceso de producción"

La puntilla, y esto sí que es específicamente andaluz, es "el recorte severo" de la nueva PAC, que supondrá una pérdida de hasta 450 millones de euros para el sector, según calculan. Achacan ese recorte al Plan Estratégico del ministro Luis Planas, que reduce el número de regiones agronómicas (lo que perjudica a los agricultores que tienen derechos más altos y en Andalucía hay más) y que impone un modelo de ecoesquemas (pagos por prácticas verdes) que no se adapta a la diversidad del campo andaluz.