El presidente de la AEB asegura que las cláusulas suelo "son beneficiosas"
Miguel Martín no entiende que se perciban "como un producto tóxico". La banca sana aporta 20.900 millones para sanear las antiguas cajas.
El presidente de la Asociación Española de la Banca, Miguel Martín, lamentó este jueves que "ni el Tribunal Supremo ni la sociedad en general han valorado que las cláusulas suelo evitan la variabilidad de los tipos de interés y son un producto beneficioso". En su intervención en Santander durante el curso de verano organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Martín afirmó "no entender que se hayan transformado en un producto tóxico".
La patronal bancaria no quiso entrar a valorar la percepción del ministro de Economía, Luis de Guindos, que considera que el fallo del Supremo -que afecta en principio a BBVA, Novacaixagalicia y Cajamar- es extensible a todas las entidades del sector. Para Martín, uno de los principales valores del sistema bancario es la competencia, por lo que eludió establecer una recomendación general para los bancos que han anunciado que mantendrán estas cláusulas en sus contratos hipotecarios.
Miguel Martín recordó que "el negocio de las entidades no es estafar a sus clientes, sino darle valor y fidelizarlo". "La banca tiene que recuperar algo que se ha perdido por la crisis y los vientos negativos. El futuro pasa por convencer al cliente de que sólo actúua en su beneficio", señaló el representante de la patronal bancaria. Este compromiso puede pasar con la reapertura del grifo del crédito, algo con lo que el sector "está comprometido". "La banca está decidida a que los 10.000 millones de euros de las Líneas del ICO sean un éxito. Es nuestro principal objetivo estratégico", aseguró.
La AEB insistió en el esfuerzo que la banca sana ha realizado para sanear el sistema financiero. El presidente de la patronal cuantificó que las antiguas cajas han recibido un total de 75.352 millones de euros en ayudas públicas. De ellos, 39.078 millones de euros corresponden al rescate europeo, y unos 16.000 millones a la inyección del Tesoro a través del FROB.
La cantidad restante, unos 20.900 millones de euros, proceden del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), alimentado por las cuotas de las propias entidades. Hasta diciembre de 2011, las cajas y los bancos tenían fondos separados, pero fueron unificados ante la incapacidad del mecanismo de las antiguas cajas para asumir la recapitalización del sector. El Fondo de Garantía de Depósitos, una vez fusionado, asumió 13.352 millones de euros de pérdidas de la primera ronda del FROB por las inyecciones de capital en Unnim, CAM y CCM. Además, el presidente de la AEB sumó otros 7.583 millones de euros aportados por el FGD en los Esquema de Protección de Activos (EPA) suscritos para la adjudicación de Unnim, CAM y CCM a BBVA, Banco Sabadell y Liberbank, respectivamente.
Los EPA son mecanismos que cubren temporalmente las pérdidas causadas por créditos fallidos una vez subastadas y vendidas las entidades nacionalizadas. La cantidad máxima que pueden abarcar los EPA suscritos a través del Fondo de Garantía de Depósitos asciende a 18.384 millones de euros, pero el presidente de la patronal bancaria señaló que no cree que se llegue a agotar su capacidad. "La pérdida esperada estará en unos 7.583 millones de euros", señaló Miguel Martín, que incidió en que "España no es Irlanda porque la parte sana de la banca no incurrió en los mismos errores que el resto". Sin embargo, no quiso aventurar si será necesario en el futuro pedir más fondos del tramo del rescate europeo sin utilizar. "No quiero meterme en ese berenjenal", respondió al ser interpelado al respecto por los asistentes.
La patronal bancaria recordó que las entidades sanas han incurrido en otros costes por la crisis que no se tienen en cuenta. Entre ellos, destacó el impacto en su capitalización bursátil, que pasó de 180.000 millones de euros en diciembre de 2007, a 120.000 millones, "lo que supone seis puntos del Producto Interior Bruto (PIB)".
"Pero el coste real de la crisis para España asciende a 20.000 millones de euros de Producto Interior Bruto y tres millones de empleos", concluyó.
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