El ingreso mínimo vita que gestionará directamente la Seguridad Social complementará las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas, que en 2018 supusieron un gasto de más de 1.500 millones de euros.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, estas prestaciones asistenciales beneficiaron a cerca de 680.000 personas con una cuantía media mensual por titular de 463 euros en todo el país al mes.

En el caso Andaluz, la cuantía media que recibía cada beneficiario ese año es una de las más bajas de España, 419,52 euros al mes, sólo por delante de Galicia, Madrid, y la ciudad autónoma de Ceuta. Tampoco sale bien parada en el número de beneficiarios, unos 40.870, sólo el 6% del total nacional, cuando el nivel de pobreza y la población es muy superior a la de otras regiones. Por poner tres ejemplos, Cataluña cubre a casi 100.000 personas, Madrid a 106.000 y País Vasco a 120.000. Esta última comunidad, además, es la que da más dinero por beneficiario: casi 645 euros al mes. Incluso Asturias está por encima de Andalucía, con 45.000 beneficiarios y 443 euros al mes.

Recordemos que cada comunidad aplica referencias diferentes tanto para las cantidades (cuantías fijas, variables según número de hijo) como para acceder a ellas. En el caso andaluz, la Junta establece en un Real Decreto de diciembre de 2017 como norma general que se pague el 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y que se aumente un 10% por cada persona que viva con el perceptor, hasta un máximo del 125% del Iprem. La norma prima, por otro lado, a familias monoparentales o hogares con muchos miembros, los cuales reciben una prima sobre esos 419 euros que sirven de base. El Iprem lleva congelado varios años en 537,84 euros, por lo que en 2019 y 2020 la percepción de la renta mínima se mantiene inalterada en 419,42 euros mensuales.

Los requisitos dificultan la cobertura

Desde la Junta se explica que el mismo Gobierno anterior, del PSOE, reconoció que el decreto para regular la renta mínima establecía tales requisitos y complicaba los procedimientos de tal forma que al final el número de perceptores se reducía respecto a lo previsto. Así, explican a modo de ejemplo, se exigía la escolarización de los hijos y eso hacía que personas víctimas de violencia de género se quedaran fuera porque al mudarse a un nuevo piso los niños no estaban de forma temporal en un colegio. 

Igualdad afirma que amplió la cobertura a casi 55.000 personas en 2019 y que dobló el presupuesto ejecutado hasta 122 millones

Según la Consejería de Igualdad, en cualquier caso en 2019 se produjo un aumento de beneficiarios, que llegaron a 54.971, y el presupuesto ejecutado se elevó a 122,3 millones, frente a los 57 millones de 2018, año en el que se dejaron de ejecutar, afirma la Junta, 141 millones (el presupuesto era de 198 millones) por la mencionada complicación de los requisitos.

El nuevo Gobierno andaluz está trabajando ya en la reforma del decreto para flexibilizar los requisitos y para ello se está basando en un estudio de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). El pasado miércoles, por otro lado, el Parlamento andaluz aprobó con el voto de PP, PSOE, Cs, Vox y la abstención de Adelante Andalucía la agilización de trámites para que 5.000 personas en espera de cobrar lo hagan lo antes posible con motivo de la pandemia del Covid-19.

Complemento de la nuevo ingreso mínimo vital

Redordemos que a nivel nacional idea del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que ultima el IMV en colaboración con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, es que esta renta tenga carácter permanente y se complemente con la de las autonomías, hasta un tope, lo que permitiría llegar a un mayor número de beneficiarios. 

El objetivo son tres millones de potenciales beneficiarios tras llegar a un millón de hogares, de los que 100.000 son monoparentales.

En cuanto a titulares y miembros de la familia dependientes de ellos, en 2018 hubo 679.180 perceptores o beneficiarios de rentas mínimas de inserción, de los que 374.883 eran mujeres y 304.297, hombres.  Por nacionalidad de los perceptores, el 74,6% eran españoles y el 25,4%, de nacionalidad extranjera.

Por grupos de riesgo, predominan el de familia monoparental y el de personas sin hogar o exclusión social severa. Y en edad, el grupo mayoritario es el que está entre 35 y 44 años, seguido del que está entre 45 y 54 años.  

De ahí las diferencias entre beneficiarios por regiones, más allá del mero elemento poblacional.

En su estudio sobre los programas de ingresos mínimos en España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recordaba el año pasado que estas rentas mínimas "son el único instrumento no categórico que ofrece protección frente al riesgo general de pobreza" y señalaba la fragmentación del sistema y las disparidades territoriales.

"Los problemas de desigualdad territorial y de falta de cobertura de la parte de la última red que compete a las Comunidades Autónomas se unen a los tres grandes problemas de las prestaciones asistenciales del Gobierno central, que son la fragmentación, las bajas cuantías y los huecos que dejan fuera del sistema a determinadas categorías de la población", resumía la AIReF.