Los trabajadores de Eulen decidieron ayer en asamblea mantener la convocatoria de huelga indefinida de 24 horas a partir de hoy en los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat, a lo que el Gobierno reaccionó con el inicio de los trámites para el laudo arbitral obligatorio.

En concreto, 187 trabajadores de Eulen sobre un total de 400 participaron en la votación de la propuesta de mediación de la Generalitat, que arrojó el siguiente resultado: 150 votos en contra de la propuesta -que preveía una subida de 200 euros mensuales en 12 pagas-, 36 a favor y un voto nulo.

Se refuerza la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto de Barcelona para mantener el orden

El pasado jueves votaron 176 trabajadores -11 menos que ayer- en la primera asamblea, en la que además de la propuesta de mediación también se valoraron otras tres que no habían sido consensuadas. En esa ocasión venció la propuesta de aumento de la retribución a los trabajadores en 250 euros mensuales en 15 pagas, mientras que la oferta de mediación de la Generalitat sólo obtuvo dos votos.

La consejera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, dijo ayer que la mediación del Gobierno catalán en el conflicto había terminado y señaló que ahora les correspondía negociar a "las dos empresas implicadas, Eulen y Aena, y a los trabajadores.

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha decretado unos servicios mínimos del 90% para la huelga, para "garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales".

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, criticó la "postura muy inmovilista" del comité de huelga y el rechazo a una propuesta "razonable", por lo que inició los trámites para el laudo arbitral. De la Serna, que compareció en Santander tras conocer el rechazo de la plantilla a la oferta mediadora, dijo que la propuesta que saldrá de ese laudo será vinculante para todas las partes. Subrayó que el Gobierno no está dispuesto a que "la decisión de unos pocos, 150, afecte a millones de españoles y turistas que utilizan estos días el aeropuerto del Prat".

El ministro reiteró que, ante el "evidente" problema de seguridad y de orden público que se puede producir en El Prat con la huelga indefinida que comienza hoy, ya se ha puesto en marcha el dispositivo para reforzar los controles del aeropuerto con efectivos de la Guardia Civil. La presencia de agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto ya se incrementó de manera ostensible coincidiendo con un nuevo paro parcial de los trabajadores de Eulen.

El despliegue de la Guardia Civil había sido ordenado por el Gobierno para garantizar la seguridad en esta infraestructura después de varias semanas de colas y aglomeraciones de viajeros ante los mostradores y los controles de seguridad por las protestas laborales de los empleados de Eulen.

Según aseguró el asesor del comité de huelga Juan Carlos Giménez, la "convivencia" entre los empleados de Eulen y los agentes de la Guardia Civil en El Prat es "muy mala". A la sobrecarga de trabajo que soportan especialmente las trabajadoras de Eulen en los controles de seguridad, señaló Giménez, se suma ahora la "presión constante de la Guardia Civil", hasta el punto de que ayer algunas de ellas acabaron "llorando".

El también abogado del comité de huelga Leopoldo García Quinteiro acusó a la Generalitat de atribuirse una función de "arbitraje" que no le corresponde y denunció la "arrogancia" del ministro De la Serna, "absolutamente incompatible con principios básicos del derecho democrático" al "amenazar" con el laudo arbitral.

A su juicio, "no se dan las condiciones" para un arbitraje obligatorio "mientras no se quiebren los servicios mínimos", fijados en un 90%, un porcentaje que calificó de "abusivo". "La imposición del arbitraje obligatorio es una anomalía absoluta y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga", denunció García Quinteiro, que advirtió que pretender "sustituir" a los trabajadores en huelga por agentes de la Guardia Civil "sería absolutamente ilegal".

De la Serna no ocultó su enfado por la decisión de los trabajadores y dejó claro que había acelerado los trámites para poner el marcha el arbitraje obligatorio. "Ya ha habido una petición formal por parte de Fomento a la Abogacía del Estado del informe para poder trasladarlo al Ministerio de Empleo y de ahí al Consejo de Ministros, que es el que tiene que dar el primero de los pasos para constituir o formalizar la designación de un árbitro y, en segundo lugar, darle el tiempo necesario para la elaboración de la propuesta que tendrá un carácter vinculante para las partes", señaló. El ministro defendió que, en este proceso para la resolución del conflicto laboral, ha habido dos fases que "han fracasado", por lo que la Administración General del Estado es la "competente" para asumir el laudo de arbitraje obligatorio.

Sin embargo, UGT se solidarizó con los trabajadores de Eulen "por haber soportado estoicamente las presiones sufridas desde Fomento donde se ha pretendido responsabilizar a los vigilantes de una situación donde el máximo culpable es sin duda el Gobierno del PP". UGT acusó a De la Serna de "camuflar como garantías de seguridad elementos como introducir a la Guardia Civil y el sometimiento a un laudo, con la única intención de desacreditar la imagen de los vigilantes".

El comité de huelga había denunciado por la mañana haber sufrido "coacciones" para acabar con la protesta. "Vemos que ahora tienen mucha preocupación por tumbar una huelga que es un derecho constitucional", lamentaron