El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), afirmó este jueves, tras la polémica en torno a las medidas para prevenir abortos presentadas hace una semana por el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), que "no se van a modificar los protocolos" actualmente vigentes de atención a las embarazadas y relativos a los de abortos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que la Junta ha inadmitido el requerimiento de competencias enviado por el Gobierno central sobre esta materia y en respuesta a múltiples preguntas de los informadores, el portavoz aseguró que el comunicado de la Consejería de Sanidad de hace una semana "sigue vigente", pese a que su contenido no ha sido trasladado aún a los profesionales sanitarios.

Preguntado por la contradicción que supone defender a la vez que no van a cambiar los protocolos que siguen los sanitarios para atender a las mujeres embarazadas -quieran abortar o no- y la vigencia del comunicado en el que se detallan esas medidas, Fernández Carriedo respondió que la pretensión de la Junta no era modificar el protocolo de abortos, sino "mejorar" las prestaciones a todas las mujeres embarazadas.

Se refiere a la preferencia que, de entrar en vigor las medidas, dará la sanidad pública de Castilla y León a la atención psicológica de las embarazadas, la elaboración de un "protocolo" de latido fetal en el primer trimestre del embarazo y la realización de una ecografía, todo ello con "criterio clínico" del médico, pero a la vez con la posibilidad de que las embarazadas lo demanden. Carriedo no quiso comentar las palabras del vicepresidente y resumió: "Compartimos la nota de prensa y el acuerdo de inadmisión del requerimiento del Gobierno".

Como respuesta, el Gobierno central respondió al de Castilla y León que un requerimiento no se inadmite, se contesta, después de que el ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco acordara inadmitir desde el punto de vista jurídico el requerimiento de incompetencia formulado por Moncloa sobre las medidas para evitar abortos en la comunidad.

Fuentes del Gobierno señalan que la Junta se escuda en que no hay una normativa aprobada pero la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) prevé la actuación jurídica conocida como la vía de hecho, que permite requerir el cese de un anuncio normativo si vulnera la ley o las competencias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendió que han sido los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico los que han informado a favor de esta decisión, ante la "inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento", al entender que no hay modificación alguna del protocolo que afecta a la Ley del Aborto.