La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha elevado su petición inicial de 900 años de cárcel a 1.120 años para los tres supuestos etarras que perpetraron el atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre 2006, al considerar que la cifra de heridos es de 52, y no 41, como estimó al principio.

Así lo ha anunciado el fiscal Daniel Campos en la tercera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional desde el pasado lunes, donde ha señalado que eleva a definitivas el resto de conclusiones, por lo que reclama que Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián indemnicen a los familiares de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio con 500.000 euros por cada fallecido.

Tres de las acusaciones particulares personadas en la causa han solicitado que el Estado sea condenado como responsable civil subsidiario porque sus "mecanismos de seguridad no funcionaron" al permitir que los supuestos terroristas entraran varias veces en el aeropuerto, una solicitud a la que se ha opuesto el Ministerio Fiscal y que el tribunal ha rechazado "de plano" por "extemporánea" en este momento procesal.

El fiscal, que el jueves expondrá su informe final, imputa a los tres acusados dos delitos de asesinato terrorista, 52 de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas por el atentado con el que ETA rompió su última tregua. Además de pedir 1.120 años de prisión para cada uno de los acusados, indemnizaciones de 500.000 euros para los familiares de los fallecidos y otras en distintas cantidades para los heridos, el representante del Ministerio Público reclama la prohibición para los presuntos etarras de residir y aproximarse al lugar donde cometieron el atentado durante 10 años.

También pide que se indemnice a los propietarios de los vehículos dañados en la explosión, así como al dueño de la furgoneta con la que los terroristas perpetraron el atentado y al que mantuvieron secuestrado durante tres días. Por último, considera que deben ser indemnizadas las entidades perjudicadas por los daños provocados en el módulo D del aparcamiento y zonas adyacentes, que han sido valorados en 26.777.520 euros.

Durante la sesión se han visionado además las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto en las que captaron la entrada de la furgoneta en el aparcamiento un día antes de los hechos, así como otros vídeos en los que se ve a un individuo disfrazado con una gorra, una mascarilla y una maleta abandonando la terminal. También se han escuchado las grabaciones de las llamadas con las que ETA advirtió ese día de la colocación de una furgoneta-bomba "de gran intensidad" en el módulo D del aparcamiento. Los peritos de la Guardia Civil que las analizaron han concluido que hay un 98 por ciento de probabilidad de que Igor Portu fuera el miembro del comando que las realizó.

Y según dos agentes de la Policía Nacional expertos en la lucha antiterrorista que también han declarado, los acusados "sabían lo que llevaban y lo que podían ocasionar con ello". Por último, los expertos en grafología han constatado que un documento incautado a Portu en el momento de su detención con los números manuscritos del Parque de Bomberos -adonde se dirigió una de las llamadas de aviso- y una comisaría de Madrid fueron escritas por el acusado. Mientras, otra anotación manuscrita encontrada en el domicilio de San Sebastián con estos mismos números de teléfono también se corresponden con este presunto etarra.