El Gobierno ha subrayado que no está dispuesto a permitir "que se retroceda ni un milímetro" en los derechos de las mujeres y se prepara para impulsar "cuantas iniciativas sean necesarias" para impedir la "tropelía" de las medidas antiabortistas anunciadas por la Junta de Castilla y León.

Así lo ha manifestado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la cual el Gabinete ha aprobado un requerimiento de incompetencia dirigido al Gobierno de la Junta, como paso previo a un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Eso sí, la ministra ha dejado claro que las medidas anunciadas por Castilla y León son todavía desconocidas y ha considerado "contradictorias" e "insuficientes" las explicaciones del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, y del presidente de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, sobre lo que piensan hacer respecto a las mujeres que quieren abortar.

Rodríguez ha recalcado que al requerir a la Junta el Ejecutivo traslada un mensaje de "firmeza y tranquilidad" a las mujeres de Castilla y León y a los profesionales sanitarios, que demandan "seguridad jurídica" cuando ejercen su trabajo.

Y a la par que ha mostrado su disposición a adoptar las medidas que considere precisas contra esa "tropelía" ha reiterado que seguirá trabajando para impedir "ni un solo retroceso" en materia de derechos de las mujeres.

Ha argumentado además que el Gobierno debe evitar la "ruptura" de la legislación básica en todo el territorio y que las comunidades autónomas están obligadas a cumplir, por lo que no pueden establecer "requisitos adicionales" a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

También ha señalado que la libertad de las mujeres respecto a su maternidad ha quedado bien fijada por la jurisprudencia y ha explicado que el Ejecutivo tiene la "obligación" de actuar ante lo que también ha tachado de "aberración" anunciada desde Valladolid.

Además de arremeter contra la Junta por anunciar un protocolo que no había sido aprobado y que sigue siendo desconocido, ha apuntado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuyo "silencio" durante cinco días ha considerado "cómplice".

Ese silencio "no es casual, ni es interesado ni es casual, es cómplice", ha argumentado, porque Feijóo comparte la posición de Vox y Mañueco, y de hecho el PP fue quien recurrió la Ley del Aborto de 2010 ante el Tribunal Constitucional porque quería mantener la ley anterior de 1985, en la que "sigue anclado" y que ya está superada por la sociedad española.

Una norma que ponía "en riesgo", ha señalado, la vida de las embarazadas y "expulsaba" a las españolas a otros países para poder abortar porque la legislación limitaba los supuestos de interrupción del embarazo.

La ministra ha insistido en que el Gobierno no podía esperar más a que el Gobierno de la Junta de Castilla y León respondiera a sus peticiones porque las mujeres de esta comunidad que vayan a abortar "no deben tener miedo a hacerlo" y la ley es igual en toda España.

Y ha reprochado a Mañueco que en su declaración institucional de ayer no aclarara que renunciaba al protocolo, porque sí anunció que habría medidas.

La lectura final que el Gobierno hace de todo este episodio es que se trata de las "consecuencias" de la decisión que en su momento adoptó Feijóo al permitir a la "ultraderecha", ha concluido, acceder a las instituciones pese al llamamiento del Ejecutivo para impedirlo cuando Vox negoció con Mañueco entrar en la Junta de Castilla y León.