Guerra de fiscales

Hace algo menos de 20 años ardió la Audiencia Nacional cuando las investigaciones sobre el caso GAL, el Banesto de Mario Conde o los papeles de Laos provocaron fuertes divergencias internas entre el entonces fiscal jefe Aranda y cuatro fiscales que fueron llamados los indomables: María Dolores Márquez de Prado, Eduardo Fungairiño, Ignacio Gordillo y Pedro Rubira.

Consideraban que sus superiores bloqueaban sus investigaciones cumpliendo instrucciones del Gobierno de Felipe González y llegaron al extremo de anunciar su disposición a dimitir en bloque si no les permitían trabajar con profesionalidad. Hoy, la que se encuentra en pie de guerra es la Fiscalía Anticorrupción, pero la situación es bien distinta, hasta el punto de que fiscales de reconocida trayectoria que simpatizan con la actitud de los indomables de entonces ven en los críticos de hoy un sesgo político indudable, así como la reacción a frustradas perspectivas profesionales.

En la Fiscalía Anticorrupción, en la que se encuentran adscritos unos cincuenta fiscales, recibieron con malestar la designación de Manuel Moix como nuevo Fiscal Anticorrupción a propuesta del fiscal general, José Manuel Maza, y con el respaldo del Consejo Fiscal, donde hoy es mayoría el sector llamado "conservador". Designación que, evidentemente, estaba bien vista por el Gobierno.

LA IMPRUDENCIA DEL FISCAL

Moix, un profesional de prestigio, nunca había trabajado en Anticorrupción, argumento que esgrimían los fiscales críticos, aunque además de ese argumento es de dominio público que varios de los miembros de ese equipo optaban al cargo y al menos dos de ellos no ocultan su malestar porque se consideran más capacitados que Moix para sustituir al anterior fiscal jefe, Antonio Salinas, que ejerció su cargo durante 13 años, con no pocas polémicas.

Moix podría haber actuado con más prudencia al conocer, desde el primer momento, la animadversión abierta con que era recibido por la mayoría de los miembros de la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de contar con el apoyo del fiscal general y del Consejo. Pero sus decisiones dieron motivo a los críticos para acusarle de obstaculizar investigaciones que afectaban a los más importantes de corrupción, en las que estaban implicadas importantes personas del PP. La primera, negar la prolongación de escuchas y registros en el caso Lezo, que finalmente reconsideró cuando los fiscales del caso convocaron a la Junta de Fiscales Anticorrupción. La segunda, apartar del caso 3% de Cataluña, a sus tres fiscales, con un argumento tan endeble como que era mejor que se llevara desde Cataluña. La Junta anuló esa decisión a la espera de estudiar la situación en profundidad.

MOIX es una persona de confianza... del PP

A todo ello, que enciende los ánimos en la Fiscalía Anticorrupción, se suma la filtración de una conversación grabada durante las investigaciones del caso Lezo, en la que el ex ministro Zaplana trata de tranquilizar a un Ignacio González que se encuentra acosado porque teme que está siendo vigilado. Zaplana le dice que se va a nombrar a Moix fiscal Anticorrupción, y que es una persona de confianza. De confianza del PP, se supone.

La publicación de esa conversación abre aún más la caja de los truenos, por el contenido de lo que hablan Zaplana y González y porque se asiente la idea, cada vez más firme, de que la lucha entre fiscales se está dirimiendo a través de filtraciones periodísticas que ponen contra la pared a Moix y también a otros altos cargos del PP y del Gobierno.

Esas filtraciones, diarias, casi siempre seleccionadas por los que las facilitan a los medios de comunicación, que además nunca son completas, es lo que provoca que fiscales ajenos a Anticorrupción, y que en sus muchos años de ejercicio han vivido y sufrido toda clase de situaciones complicadas, confiesen abiertamente que lo que hoy ocurre tiene un tinte político evidente.

El caso más significativo tiene como protagonista al Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Acusado -siempre a través de filtraciones- de haber alertado al hermano de Ignacio González de las investigaciones sobre el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Nieto confirmó que efectivamente se había visto con Pablo González , a petición de éste último, para hablar sobre la seguridad de Mercasa, la empresa que preside.

El martes pasado la Fiscalía Anticorrupción hizo público un comunicado en el que le señalaba como la persona que había "chivado" a González a través de su hermano de que era objeto de una investigación sobre su patrimonio, a lo que respondió Nieto con un breve escrito en el que anunciaba medidas judiciales contra la Fiscalía … a la que faltó tiempo para hacer público una nueva nota negando que considerase a Nieto la persona que alertó a González.

Tanto en una nueva comparecencia parlamentaria como en diferentes entrevistas, Nieto reiteró que se había visto con Pablo González, al que conocía de sus tiempos de alcalde de Córdoba, negó tajantemente que hablaran de su hermano y llegó a decir que sentía que la conversación no hubiera sido grabada para demostrar así que las acusaciones eran falsas. Por otra parte, cualquiera con cierto sentido común entiende que si sabía que González estaba siendo grabado, habría sido de una imprudencia absoluta recibir en su despacho ministerial a su hermano para darle cuenta de esas escuchas. El fiscal general, por su parte, acudió en ayuda de los fiscales anticorrupción al ofrecer una explicación sobre su controvertida nota, culpando a una conjunción de haber sido mal interpretada … aunque a pesar de lo que explicaba Maza, el sentido con una y otra era exactamente el mismo, se acusaba a Nieto de filtrador.

LA EFICACIA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

La situación es tensa, de profunda división interna en la Fiscalía Anticorrupción, con un Moix del que todos sus compañeros fiscales elogian su seriedad, pero que es evidente que ha cometido importantes fallos en su relación con los fiscales de su equipo. Esa división interna de la Fiscalía Anticorrupción, claramente política, da pie a los partidos de la oposición para arremeter con toda contundencia contra el Gobierno de Rajoy, al que acusa de poner obstáculos en las investigaciones sobre los casos que en estos momentos afectan a ex dirigentes del partido o incluso a dirigentes, como ocurre con el caso Murcia o, en los últimos días, a la Delegada del Gobierno en Madrid.

Jueces y fiscales ajenos a esta situación tan polarizada en la Fiscalía Anticorrupción, y que asisten atónitos a una polémica que enturbia la imagen de la Justicia, recuerdan -que al contrario de los jueces, que actúan con plena independencia- que la Constitución recoge que el Ministerio Fiscal es una institución jerárquica.

Por otra parte, hace tiempo que entre esos profesionales se advierte cierta preocupación respecto a la Fiscalía Anticorrupción: muchos de los casos que han provocado más inquietud social han quedado en nada por falta de pruebas contundentes, lo que produce una innegable decepción, y en los últimos años apenas el 5% de los casos investigados han llegado a juicio.

Estos datos, sin embargo, a pesar de figurar en las Memorias anuales de la Fiscalía, no se han filtrado estos días. Pero no es esto lo que más preocupa a jueces y fiscales consultados estos días, sino la certeza de que esta guerra de fiscales, de filtraciones y de noticias facilitadas interesadamente se supone por quiénes, pueden anular los casos actualmente en fase de investigación. Lo que pondría en la calle a muchos de los protagonistas máximos de los más importantes casos de corrupción.