La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado que modificar la ley del solo sí es sí "jurídicamente" sería "una barbaridad" y "no es al solución", al tiempo que ha subrayado que la norma "está clara". De esta forma se ha expresado Rosell en el Congreso, junto a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, preguntada sobre las primeras decisiones judiciales que rebajan condenas en aplicación a esta ley y las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que abogó por estudiar la norma.

"Jurídicamente es una barbaridad porque con un solo día que haya estado en vigor una norma penal mas favorable, aunque ahora las agrave respecto de las sentencias anteriores, no tiene ninguna virtualidad, la gente jurista lo sabe", ha dicho Rosell antes de comparecer junto a Rodríguez en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la violencia de género.

La nueva tipificación de los delitos sexuales que introdujo la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del "sólo sí es sí", ha supuesto que los tribunales revisen a la baja las sentencias de algunos condenados. Esto se debe a que, si bien la norma introdujo que todo acto sexual sin el consentimiento de la otra persona es una agresión, también supuso la reducción de algunas penas mínimas.

La delegada del Gobierno ha insistido sobre si está a favor de modificar la ley en que "pidiendo una opinión rápida a cualquier cargo político en un pasillo es obvio que diga, 'oye pues lo estudiamos', pero jurídicamente no es una solución en absoluto". Y no es la solución, ha insistido, porque "el problema no existe, la ley está clara". Tanto Rosell como la secretaria de Estado han coincidido en que el legislativo ha hecho los deberes, y que ahora falta que el judicial interprete la ley conforme a los estándares internacionales.

Asimismo, la delegada ha anunciado que la Fiscalía General del Estado está preparando una circular, que confía que no se apartará de la doctrina anterior y de la jurisprudencia "muy consolidada" del Tribunal Supremo y ha señalado que ahora lo que hay son advertencias, avisos, peticiones de suspensión y alguna revisión, como la del padrastro de la menor de 13 años, que "desde luego no es jurisprudencia y de las cuales cabe recurso ante el Supremo".

Rosell ha recordado que es "falso" que "nadie, ni el Consejo fiscal, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni ningún grupo parlamentario pudo prever que se revisaran las leyes sin rebajar los máximos" y ha explicado que lo que avisó el Consejo General fue que no rebajaran el máximo porque entonces habría reducciones de sentencia. "Y están haciendo lo contrario", ha dicho tras incidir en que es algo "inédito en la historia penal" española.

"Si hubiera reducción del límite máximo a quien le han puesto 15 años y ese limite ahora supera la pena actual habría de revisarse, lo que está sucediendo es que se están revisando condenas cuando se ha rebajado el límite mínimo y mantenido el máximo", ha recalcado.

Rodríguez por su parte ha hecho un llamamiento a que se cumpla la ley y ha opinado que "el margen" de interpretación del Código Penal tiene que ver con los "sesgos de genero con los que se aplica". "No es la primera vez que los jueces aplican con un sesgo de género el Código Penal y creo que España tiene una gran tradición de sentencias machistas y, probablemente, ante lo que estemos es ante un incumplimiento de la ley", ha zanjado la secretaria de Estado.