La granítica estructura del Partido Popular, bien armada bajo el liderazgo aún incuestionable de Mariano Rajoy, empieza a sufrir algunas grietas a consecuencia de los casos de corrupción que azotan a la formación en Valencia. La declaración de la senadora Rita Barberá generó ayer disensiones entre el presidente Rajoy y algunas de las personas de su confianza, como Pablo Casado y Javier Maroto; horas más tarde, el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maíllo, evidenció la crisis al anunciar que el Comité de Derechos y Garantías del partido abrirá un expediente informativo que afectará a todos los 54 implicados en el caso Imelsa, investigados o no, incluida Barberá.

Es la primera vez que el PP investiga y registra un expediente a un grupo de militantes, entre los que hay en este caso ediles, ex ediles y asesores. "El expediente afecta a mucha gente que forma parte de ese procedimiento judicial, no sólo a Rita Barberá", declaró Martínez-Maíllo en los pasillos del Congreso.

La dirección del PP reconoce que toma esta medida tras leer con detalle los 1.000 folios declarados ya abiertos por el juez del caso y en los que figuran conversaciones y charlas entre cargos populares que se consideran "inaceptables" y "bochornosas". También para presionar a los concejales implicados en ese escándalo y que habían declarado su negativa a ofrecer explicaciones ante el magistrado, además de comunicar ayer en rueda de prensa que seguirán en el cargo y pedirán el sobreseimiento del caso.

Por la mañana, la ex alcaldesa ofreció una rueda de prensa, un día después de que un juez imputara al Partido Popular de Valencia, antes de viajar a Madrid para acudir al Senado por la tarde. Barberá aceptó el ofrecimiento del juez que investiga el supuesto blanqueo de capitales de declarar ante él. Un día después de que el magistrado levantara el secreto de sumario sobre el supuesto blanqueo, Barberá dijo que dará su versión al juez y sostuvo que colaborará "incondicionalmente" con la Justicia. La ex regidora indicó que explicará "la verdad" que conoce, que no ha contribuido, ni ordenado, ni conocido ningún blanqueo ni caja b en el partido, ni entregado "dinero negro", ni existe financiación ilegal del PP ni hay "una trama por dar 1.000 euros".

Sobre las conversaciones telefónicas que figuran en el sumario, rehusó pronunciarse, porque no sabe qué "intencionalidad" tienen ni si están "preparadas", como en la que la ex edil María José Alcón explica que su marido, Alfonso Grau, le recriminó a Barberá que estaba pagando por Nóos, cuando era cosa de ella: "Alfonso la ha tenido muy gorda con Rita y le ha dicho que tenga cuidado con lo que haces y con lo que has incumplido, porque hay un tema que he pagado yo y sabes que es cosa tuya. Está la alcaldesa cagada", afirmó Alcón en una conversación con su hijo.

La senadora reiteró que no va a dimitir, porque no ha cometido ningún delito, y subrayó que "absolutamente nadie" en el PP le ha pedido que dé un paso atrás, insistiendo en que los estatutos marcan que el acta se debe dejar cuando se abre juicio oral, algo que está "más claro que el agua" y que comparte.

Rajoy apoyó a la histórica dirigente y dijo sentirse "tranquilo" ante su decisión de aceptar la declaración voluntaria que le planteó el juez. "Creo que es un paso muy importante", dijo públicamente. "Lo más importante, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho (Barberá), es que se va a poner a disposición del juez", añadió. Igualmente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideró "satisfactoria" la declaración del jefe del Ejecutivo en funciones.

Sus palabras fueron muy distintas a las de otros dirigentes, que se mostraron "insatisfechos" con las explicaciones. "A mí no me han gustado nada. Me parecen insuficientes y creo que no han solucionado nada. No puedo ser más claro", dijo Javier Maroto, vicesecretario de Sectorial y uno de los más críticos con la gestión de la corrupción en el PP. "Algunos nos hemos quedado con ganas de más, no son suficientes", señaló también el portavoz de Comunicacion del PP, Pablo Casado, quien hace unos días dijo estar "hasta las narices" de los casos de corrupción. Alberto Fabra, ex presidente de la Generalitat valenciana, advirtió que "todas estas cosas no son nada agradables para el partido y desde luego están minando la confianza de los ciudadanos hacia nosotros".