El grupo socialista y de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados han presentado una enmienda a la Proposición de Ley de reforma del Código Penal que introduce un nuevo tipo penal para castigar con hasta tres años de cárcel a los cargos públicos cuyo patrimonio aumente en más de 250.000 euros sin que puedan justificarlo.

Esta enmienda plantea que las autoridades públicas estén obligadas a justificar ese enriquecimiento durante cinco años tras dejar el cargo, según han indicado a Efe fuentes socialistas.

Es ésta la respuesta de los partidos del Gobierno a la reforma del delito de malversación impulsada por ERC y persigue, según ha declarado este viernes en la rueda de prensa el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, "luchar contra la corrupción" y "reafirmar esa lucha".

Porque, ha explicado López, si un cargo público tiene actualmente un "enriquecimiento patrimonial desproporcionado" cuando acabe su mandato "no pasa nada", pero con la citada enmienda del Código Penal, quienes incrementen su patrimonio o cancelen sus deudas por encima de 250.000 euros de sus ingresos actuales durante el ejercicio de cargo, y hasta cinco años después de abandonarlo, tendrán la obligación de justificarlo.

El nuevo delito contempla penas de prisión de seis meses a tres años, una inhabilitación de entre dos a siete años y multas de hasta tres veces lo enriquecido ilícitamente. En opinión del portavoz socialista, con este cambio legal "España se situará entre los países más avanzados en esta materia, como Francia, Portugal o Luxemburgo".

La propuesta de ERC de cambiar el delito de malversación

ERC ha presentado este viernes una serie de enmiendas a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición entre las que propone crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel -de entre 6 meses y 3 años de prisión- a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal.

Así, aboga por crear un nuevo artículo 432 bis según el cual "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años".

Actualmente, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre 2 y 6 años de cárcel para "la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público".

Y ese artículo 252 señala que "serán punibles los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado", según ha recogido Europa Press en una nota.